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TLAXCALA, Tlax., 07 de enero de 2018.- A siete días de que se cumplan tres años de la desaparición de la menor Karla Romero Tezmol, el pasado 13 de enero de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Tlaxcala por violación de derechos humanos atribuibles a diversos servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) e instruye se continúe con la búsqueda de la niña.
Esta recomendación se da al gobierno en turno de Marco Antonio Mena Rodríguez, pese a que el hecho correspondió al ex mandatario Mariano González Zarur y en gestión de Alicia Fragoso Sánchez frente a la PGJE, misma que se negó a emitir la Alerta Amber y a investigar de inicio la desaparición y sólo permitir asentar este hecho en un Acta Circunstanciada como si se tratará de un objeto y no de una Averiguación Previa.
Así, después de casi un año de la desaparición de esta pequeña de 11 años, los padres de Karla, Iván Romero Galupila y Olga Tezmol Juárez, sin respuesta de la ahora ex procuradora Alicia Fragoso Sánchez y frustrados por las irregularidades en las que incurrió la abogada tlaxcalteca en la búsqueda de la pequeña, solicitaron ante un juez federal de amparo se revisará el proceder de las autoridades de justicia de Tlaxcala.
Karla Romero Tezmol, desapareció hace casi tres años en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, cuando salió de su casa el 13 de enero de 2016, rumbo a la escuela primaria que se encontraba a solo unas cuadras de donde vivía y nunca llego.
De acuerdo con la familia y testigos del lugar, la pequeña fue obligada a subirse a un automóvil y nunca más se le volvió a ver.
Este caso Karla tomó relevancia cuando los medios de comunicación comenzaron a difundirlo, pese a que en primer momento las autoridades del gobierno estatal encabezados por Mariano González Zarur en ese entonces, prohibieron a la familia que difundieran la imagen de su hija e incluso retrasaron por 22 días la emisión de la Alerta Amber.
Ahora la recomendación de la CNDH detalla que las violaciones a los derechos humanos son atribuibles a diversos servidores públicos de la PGJE, además que los padres de Karla acudieron a la Procuraduría a denunciar la desaparición de la pequeña y contrario a lo que establecen los protocolos en el caso de desaparición de personas menores de edad, las autoridades únicamente iniciaron una Acta Circunstanciada.
Por ello, ante la falta de resultados por la localización de esta pequeña en febrero de 2016 los padres de Karla, Iván Romero Galupila y Olga Tezmol Juárez, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla por la desaparición de su hija y la probable comisión del delito de trata de personas en agravio de la menor.
Y es que, en el año 2016 una denuncia anónima alerto a los papás de Karla que era explotada sexualmente en el Hotel Río, ubicado en la calle 14 poniente y 5 de mayo en el Centro Histórico de Puebla, para después ser trasladada a otra zona del país.
Ante la desesperación, los familiares de la menor acudieron al citado hotel para preguntar a sexoservidoras sobre el paradero de la niña, sin éxito.
Así, el 19 de febrero de 2016 la CNDH inició un expediente de queja por el caso y a casi tres años este organismo defensor emitió una recomendación al gobierno del estado de Tlaxcala, para que junto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos de Tlaxcala, brinde la reparación integral a los familiares de la niña desaparecida, que incluya atención psicológica durante el tiempo que se requiera.
Asimismo, que la PGJE continúe con la integración y perfeccionamiento de la Averiguación Previa 4, para que se practiquen a la brevedad las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, ello a efecto de continuar con la búsqueda y localización de Karla y determinar en su caso, la probable responsabilidad penan que corresponda.
Además, que colabore con la CNDH en la presentación y seguimiento de la queja que se formule ante el Órgano Interno de Control en la PGJE y la Unidad de Visitaduría y Asuntos Internos de la misma dependencia, en contra de las autoridades involucradas en los hechos.