Inhabilitación de servidores públicos por desvío de recursos

TLAXCALA, Tlax., 28 de septiembre de 2017.- El diputado de extracción priísta, Enrique Padilla Sánchez propuso ante el pleno del poder Legislativo la iniciativa de Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y los Particulares, la cual contempla la inhabilitación para ocupar un cargo público hasta por 20 años, a aquellos funcionarios que incurran en cohecho, peculado o desvió de recursos, entre otros, además de la disolución de las empresas o sociedades que incurran en tráfico de influencias o conductas para hacerse de beneficios públicos.

Dicha propuestas contempla que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes

Padilla Sánchez, indicó que la iniciativa plantea que el tribunal especializado en la materia le corresponderá los procesos de denuncia por probables actos ilegales en los que incurran funcionarios públicos, por lo que deberán interponer sanciones como amonestaciones, suspensión e inhabilitación para el cargo.

En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años si el monto de la afectación de la Falta administrativa grave no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de 10 a 20 años si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación.
La iniciativa fue dada a conocer en sesión ordinaria de este jueves, como parte de las propuestas que integrarán las leyes secundarias para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción de la entidad, que el Poder Legislativo tiene pendiente por expedir.
En ese sentido, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Información Pública, para su análisis y dictamen correspondiente.