Plantean Ley para fortalecer economía de mujeres productoras en Tlaxcala

TLAXCALA, Tlax., 20 de octubre de 2026.- Una iniciativa presentada en el Congreso de Tlaxcala busca fortalecer la autonomía económica de las mujeres productoras del campo mediante una ley que facilite su acceso a capacitación, oportunidades de comercialización, vinculación con compradores y servicios de orientación para mejorar sus actividades productivas.

La diputada Gabriela Hernández Islas propuso expedir la Ley de Autonomía Económica de las Mujeres Productoras del Campo del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de que las trabajadoras rurales tengan mayores herramientas para decidir sobre su producción, administrar los ingresos derivados de su esfuerzo y participar en mejores condiciones en el desarrollo económico.

Al presentar la propuesta, la legisladora señaló que las mujeres del campo deben ser reconocidas como protagonistas del desarrollo y contar con mecanismos institucionales que les permitan superar las barreras que enfrentan para acceder a información, mercados y oportunidades productivas.

La iniciativa plantea establecer una Ruta Estatal de Atención que aproveche los programas y las unidades administrativas existentes para ofrecer orientación productiva, formación sobre costos y comercialización, información sobre convocatorias y espacios de venta, así como vinculación voluntaria con compradores.

También contempla asesoría sobre organización productiva, requisitos aplicables y acceso a espacios y equipamiento disponibles para desarrollar sus actividades.

Uno de los ejes de la propuesta es impedir que los servicios y las oportunidades públicas se condicionen por motivos políticos. Para ello, establece que el acceso no podrá depender de la afiliación partidista, recomendaciones o asistencia a actos políticos, además de prohibir el condicionamiento para utilizar espacios y equipamiento.

El proyecto también busca proteger la capacidad de decisión de las beneficiarias, de manera que el acceso a oportunidades e ingresos propios no esté sujeto a coerción ni a exigencias de autorizaciones ajenas que carezcan de fundamento legal.

Para garantizar la aplicación de la ley, la autoridad coordinadora deberá publicar anualmente un plan de atención que especifique los servicios disponibles, los municipios cubiertos, los requisitos de acceso, las instancias responsables y los mecanismos para presentar inconformidades.

La propuesta prevé coordinar estas acciones con la legislación estatal en materia de desarrollo agrícola e igualdad, así como con eventuales disposiciones sobre el valor agregado de los productos del campo, con el propósito de facilitar la participación de las mujeres en los beneficios económicos de su producción y evitar la duplicidad de trámites cuando sea legalmente posible.

En caso de ser aprobada, la autoridad coordinadora tendrá un plazo de 180 días naturales para publicar el primer plan de atención. La implementación inicial deberá realizarse con los presupuestos aprobados, sin crear nuevos organismos o fideicomisos, mientras que cualquier ampliación de cobertura que requiera recursos adicionales quedará sujeta a futuras decisiones presupuestarias.