Pobre México, tan cerca del PRI y tan lejos de la justicia

El pasado viernes venció el plazo para que las y los senadores pudiéramos objetar la remoción del Fiscal Especializado Para Delitos Electorales; las bancadas unidas del PRI y del PVEM se negaron categóricamente a que el encargado del despacho de la PGR acudiera a precisar y explicar las razones de la destitución de Santiago Nieto. Días antes, en rueda de prensa, el ahora ex titular de la FEPADE dio a conocer su decisión de no continuar con este proceso, mismo que nos permitiría transparentar ante los ciudadanos el por qué de su remoción en vísperas de las elecciones 2018; muchas voces se escucharon ante la posición del Fiscal, desde las que reclamaban el “ya para que peleamos si él mismo aceptó la destitución” hasta las que argumentaban conocer motivos “obscuros” tras de la misma. Lo cierto es que ante los hechos, líderes de opinión y la clase política aseguraron desde diversos análisis saber “la verdad” de tan lamentable separación.

Desde la Junta de Coordinación Política -cuya presidencia esta fuera de la legalidad, toda vez que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; Sección Primera, Artículo 81, Numeral 4 señala: “Será Presidente de la Junta de Coordinación Política por el término de una legislatura el coordinador del Grupo Parlamentario que, por sí mismo, cuente con la mayoría absoluta del voto ponderado de la Junta”; lo cual evidentemente es incumplido por quien ahora la encabeza, toda vez que no es coordinadora de ningún grupo parlamentario- se detuvo y aletargó el procedimiento, aunque para el PRI es irrelevante, pues con total desfachatez exige “legalidad” desde la “ilegalidad”, nada nuevo.

En lo personal, lamento que desde la oposición no hubiéramos sido más contundentes en nuestra posición ante un PRI que en los últimos meses, ha mostrado la peor cara en su historia: autoritarismo, arbitrariedad, corrupción, impunidad e imposición ¿Santiago Nieto tiró la toalla o fuimos los de los partidos de oposición quienes fallamos en la defensa de la institución y dejamos solo a su titular? el tiempo dará la respuesta.

A Santiago Nieto se le reconocen sus méritos, capacidad e imparcialidad para investigar y resolver distintos casos hasta convertirse en el Fiscal incómodo para un PRI, cuya estrategia ante los numerosos casos de corrupción de sus gobernadores es, aparentemente, iniciar los procedimientos penales pero sin resolverlos en tanto no pase la elección de 2018; para nadie es desconocido que gran parte del dinero desviado fue a parar a la elección del Presidente Enrique Peña Nieto en 2012, aunque insistan en tapar el sol con un dedo. Por ello, se equivocan quienes piensan que el tema central era Santiago Nieto la persona, la verdadera defensa que debimos haber dado era por la institución, esa que tanto costó construir y que tan fácil se rompió.

Desde el momento de la destitución de Santiago Nieto el PRI ganó, contuvo tanto el procedimiento que la permanencia del ex Fiscal ya estaba marcada por la desconfianza y cada acto sería una y otra vez cuestionado por los priístas a los que ahora les dio por hablar permanentemente de honestidad, transparencia e imparcialidad ¿conocerán el significado de estas palabras?. No olvidemos que Nieto tenía, entre muchos otros casos, la investigación de lo hecho por los hermanos Moreira en Coahuila, qué decir de los casos de los Duarte en Chihuahua y Veracruz, y por supuesto el que causó mayor preocupación y miedo vestido de “indignación”, la corrupción de Emilio Lozoya con el caso Odebrecht.

¿Qué sigue ahora? elegir, por supuesto, a un nuevo fiscal y es aquí cuando veremos cuánto le interesa al Revolucionario Institucional el Estado de Derecho, y qué tan capaces seremos desde la oposición hacer una elección correcta, porque la historia nos dice que la vara con la que miden los dueños del Congreso de la Unión no siempre es del mismo tamaño.

En México estamos ante la peor crisis de derechos humanos, tema que va ligado directamente al acceso a la justicia; basta revisar el tiempo en que en este sexenio han tardado en los nombramientos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, la falta de un Procurador, ahora de un Fiscal de la FEPADE y de un Fiscal Anticorrupción; como nunca la reforma en materia de derechos humanos del 2011 ha sido violentada.

Este gobierno demuestra una vez más que para ellos la prioridad son las elecciones, pero también en la oposición nos hacen falta agallas para defender las prioridades de los mexicanos. El nombramiento del nuevo Fiscal de la FEPADE nos pone a prueba a todos, confío que en el Senado de la República hagamos lo correcto y no permitamos más que el PRI y sus aliados avasallen e impongan sus intereses perversos que no benefician a nadie y que cada vez hunden más a nuestro país. Reitero, el PRI presumido del 2012 y embriagado de triunfo, por soberbia no ha reconocido que diga lo que diga NO SABE GOBERNAR, está muy lejos de ser lo que este país requiere.