Proponen acceso a información pública para personas con discapacidad

TLAXCALA, Tlax., 1 de octubre de 2026.- Garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a la información pública, realizar trámites y participar en asuntos gubernamentales, sin barreras de comunicación, es el objetivo de una iniciativa presentada por la diputada de Morena, Gabriela Hernández Islas, en el Congreso de Tlaxcala.

La legisladora propuso expedir la Ley de Comunicación Accesible para el Estado de Tlaxcala, que busca establecer como una obligación para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los ayuntamientos y los organismos autónomos ofrecer información, servicios y comunicaciones en formatos que puedan ser comprendidos y utilizados por personas con discapacidad.

La propuesta, presentada este jueves ante el Pleno del Congreso local, contempla que las instituciones públicas incorporen medidas de accesibilidad en trámites, servicios, sesiones, actos oficiales y plataformas digitales, a fin de eliminar obstáculos que limitan el ejercicio de derechos y la participación de este sector de la población.

Entre las disposiciones planteadas destaca la interpretación simultánea en Lengua de Señas Mexicana (LSM) en sesiones públicas, conferencias, informes, comparecencias, consultas y eventos oficiales, sin que las personas con discapacidad auditiva tengan que solicitar previamente este servicio.

Además, plantea que documentos oficiales, convocatorias, programas sociales y trámites estén disponibles en Braille, macrotipos, lectura fácil, lenguaje claro, audio y archivos digitales compatibles con lectores de pantalla.

La iniciativa también busca establecer requisitos de accesibilidad para las páginas web y plataformas digitales gubernamentales, así como para las publicaciones en redes sociales, mediante subtítulos en videos, descripciones de imágenes y otros recursos que faciliten la comprensión de los contenidos.

En cuanto a la atención ciudadana, propone que las personas con discapacidad puedan solicitar ajustes razonables en trámites y procedimientos, con la obligación de que las autoridades respondan de manera inmediata en situaciones urgentes o en un plazo máximo de cinco días hábiles en los demás casos. Cualquier negativa deberá justificarse por escrito y acompañarse de una alternativa eficaz.

La propuesta incluye medidas específicas para garantizar el acceso a información sobre emergencias, salud, seguridad, protección civil, justicia, educación y programas sociales, además de contemplar la capacitación del personal público y la participación de organizaciones de personas con discapacidad en la elaboración y evaluación de estas acciones.

En materia presupuestaria, establece que las instituciones deberán prever los recursos necesarios en sus anteproyectos de presupuesto y podrán recurrir a convenios o servicios compartidos para cumplir con las obligaciones, sin que ello implique necesariamente crear nuevas dependencias o plazas.

Tras su presentación, la iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes del Congreso local, donde será analizada y discutida antes de que, en su caso, pueda ser sometida a consideración del Pleno para su aprobación.