Sistema anticorrupción debe privilegiar interés público sobre privado

CIUDAD de MÉXICO, 8 de junio de 2018.- La Red Nacional de Comité de Participación Ciudadana presentó su mapa de ruta de la propuesta de la Política Nacional Anticorrupción el cual pretende transitar de un Estado capturado a un régimen universal, donde prevalezca el interés público y no el privado.

En el marco de la Reunión Nacional de Redes de los Comités de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), moderado por la presidenta Mariclaire Acosta Urquidi, integrantes de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) subrayaron que esto debe significar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos de manera sencilla.

Al no estar concluido, la doctora Ana Elena Fierro, integrante de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) explicó que corresponde a cada uno de los Comités atender las particularidades de cada una de las entidades federativas y trabajar en objetivos y metas para hacerlas realidad.

En la estructura propuesta, abundó en lo llamado tragedia de lo público, es decir, cuando los bienes son apropiados por unos cuantos para beneficio particular, que a su vez se considera como una captura del Estado.

En este último punto se encuentran: el uso de los puestos públicos como pagos de favores a beneficios de campañas, la captura de los presupuestos para intereses particulares o partidistas, la captación de las decisiones y el de la justicia.

Por ello, convocó a la acción política basada en cuatro ejes de la Política Nacional Anticorrupción que comprenden: la profesionalización, el fincamiento de responsabilidades, los puntos de contacto y la corrupción en redes.
En el primer eje, Ana Elena Fierro señaló que el SNA no pretende perseguir a “peces gordos”, sino prevenir, detectar la áreas que permiten decisiones arbitrarias que conllevan a la corrupción, recomendar, pues de nada sirve aprender meter a la cárcel a un Secretario de Estado o un gobernador si el sucesor tendrá los mismos espacios, y corregir, pues no se trata de que ilícitos queden impunes.

En el segundo eje, atiende el problema principal de la impunidad y busca generar un sistema de alertas para la prevención del ejercicio de la responsabilidad pública, así como la mejora de los procedimientos de faltas leves y administrativas.

En el tercer eje se trata de uno de los más difíciles, al abordar la corrupción que en su mayoría no se denuncia en los medios como las cuotas a modo para asegurar un lugar en las escuelas, o favoritismos de allegados en centros de salud para que acepten a algún familiar enfermo o de las más lascerantes que es entregar cierta cantidad de dinero a cambio del cuerpo del pariente desaparecido.

“Este tipo de corrupción que van desde las multas de tránsito hasta estas ejemplos, es lo que buscamos abatir o combatir”, expuso al urgir el establecimiento de un mecanismo de protección a denunciantes y testigos.

Además, mejorar la transparencia y la confianza en la relación gobierno-ciudadanía con el fin de hacer los trámites más sencillos, así como generar un esquema de contrapesos y vigilancia de los actos de la autoridad.

Finalmente, el último eje busca utilizar la información que se denuncia a través de los medios de comunicación y las herramientas derivadas de la legislación anticorrupción para el ejercicio de derechos enfocada a ciudadanos.

Dentro de la acción política, se pretende cerrar los espacios que son abusados por las autoridades para beneficiarse de manera personal.