Suspenden a jueza penal en Tlaxcala por presuntas irregularidades

TLAXCALA, Tlax., 19 de octubre de 2026.- La jueza penal Herminia Hernández Jiménez fue suspendida de sus funciones por presuntas irregularidades en el ejercicio de su cargo, en una medida cautelar autorizada el 15 de octubre por el Tribunal de Disciplina Judicial de Tlaxcala, que mantiene bajo proceso administrativo a la servidora pública.

La suspensión, vigente desde el 16 de octubre, corresponde a la juzgadora adscrita al distrito judicial de Sánchez Piedras y forma parte de las tres medidas de este tipo que el organismo ha aplicado desde el inicio de sus actividades: dos contra personas juzgadoras y una contra una secretaria de acuerdos.

La magistrada presidenta del Tribunal, Violeta Fernández Vázquez, explicó que la medida se tomó a partir del análisis de los elementos integrados en el expediente de investigación y a solicitud del Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas.

Aunque evitó detallar las conductas bajo investigación, señaló que el caso está relacionado con posibles irregularidades en el desempeño de la función jurisdiccional, particularmente en una labor que implica conducir audiencias penales.

Fernández Vázquez subrayó que la suspensión no constituye una sanción definitiva ni representa una declaración anticipada de responsabilidad. La jueza podrá responder a las imputaciones, presentar pruebas y ejercer su derecho de defensa durante el procedimiento.

El futuro inmediato de la medida dependerá de la resolución del incidente cautelar: si se confirma, la suspensión continuará durante el procedimiento administrativo; si se revoca, la juzgadora deberá ser reinstalada en sus funciones.

Uno de los efectos de estas suspensiones es que las personas servidoras públicas involucradas reciben únicamente 30 por ciento de sus percepciones, mientras el 70 por ciento restante queda bajo resguardo y administración del Poder Judicial de Tlaxcala.

La magistrada explicó que, si al concluir el procedimiento se determina que la persona investigada no incurrió en responsabilidad administrativa, deberán restituírsele los montos retenidos. En caso contrario, esos recursos quedarán a favor del Poder Judicial, conforme al criterio jurídico aplicable.

La disposición, sostuvo, busca garantizar un ingreso mínimo durante la aplicación de la medida cautelar, sin afectar el derecho de las personas investigadas a defenderse.

La suspensión también obligó a reorganizar el trabajo judicial en el distrito de Sánchez Piedras. De acuerdo con Fernández Vázquez, las causas penales que estaban a cargo de la jueza fueron distribuidas de manera equitativa entre otros juzgadores para evitar que los asuntos quedaran desatendidos.

La presidenta del Tribunal señaló que el organismo también vigila los retrasos procesales, uno de los principales motivos de inconformidad entre los usuarios de los servicios de justicia, así como el cumplimiento de los plazos establecidos por la ley.

Estimó que los dos procedimientos de suspensión más antiguos podrían tener sus primeras resoluciones hacia finales de 2026, aunque aclaró que los tiempos dependerán de las pruebas, diligencias e incidentes que deban desahogarse. El expediente más reciente podría prolongarse debido a que apenas comienza su etapa de sustanciación.