Va nuevamente ASF contra la Estafa Maestra

CIUDAD DE MÉXICO, 04 de Noviembre de 2018.- Tan sólo en este mes, se presentaron siete denuncias penales vinculadas con las contrataciones realizadas al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto de mil 900 millones de pesos (mdp), conocidas como la “Estafa Maestra”.

Así lo dio a conocer el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al entregar los informes La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) recibió del titular de la ASF, David Colmenares Páramo, los Informes Individuales del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017.

Recordó que, de marzo a la fecha, se han presentado 53 denuncias sobre este caso, de las cuales 30 están relacionadas con dichas contrataciones celebradas por diversas dependencias -no sólo las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-, con universidades públicas y sistemas de radio y televisión, por una cantidad aproximada de 5 mil mdp.

“Es importante señalar que la ASF, en todo momento, ha coadyuvado y se coordina con la Procuraduría General de la República para atender esas denuncias”, sostuvo.

Sobre el mismo tema, detalló que este mes se iniciaron seis procedimientos para fincar Responsabilidades Resarcitorias, cuyo monto total asciende a 734 millones de pesos. “Se ha citado a comparecer a servidores públicos, a entidades contratantes, funcionarios de las universidades y de televisoras públicas, así como a aquellos proveedores que, en su caso, fueron subcontratados”.

El presidente de la Comisión de Vigilancia, diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), resaltó que con este ejercicio los integrantes de la instancia manifiestan su compromiso para impulsar un trabajo legislativo profesional, objetivo e institucional, que contribuya al fortalecimiento de la fiscalización y el uso adecuado de los recursos públicos, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

La recepción de estos informes individuales, comentó, constituye una de las responsabilidades centrales de la Comisión y confirman la relevancia que tiene la fiscalización dentro del sistema político. Destacó “el seguimiento de los resultados que arrojan y que permiten enfrentar con mayor certeza y seguridad las tareas de abatir la corrupción e impunidad, así como mejorar la actuación del gobierno, a través de la mejora en la calidad del gasto público”.

El legislador recordó que, gracias a los cambios aprobados en las cámaras de Diputados y de Senadores en materia anticorrupción, hoy se recibe con oportunidad los resultados derivados de la fiscalización, lo que permite contar con elementos sustantivos para apoyar la toma de decisiones que en materia legislativa corresponde. Precisó que esto pudo ser posible, en la medida que se eliminaron los principios de anualidad y posterioridad, permitiendo realizar auditorías durante el ejercicio fiscal en curso.

Resaltó que las nuevas facultades otorgadas a la ASF, dentro del contexto del Sistema Nacional Anticorrupción, son un insumo estratégico para la prevención y  combate de la deshonestidad, sobre todo por el papel fundamental que desempeña como institución integrante del Comité Coordinador de dicho Sistema, responsable de diseñar, promocionar y evaluar las políticas públicas de combate a la corrupción.

Rodríguez Carrillo aseguró que el éxito del trabajo sólo será posible a través de canales de comunicación y colaboración, que permitan la fluidez y el intercambio de la información derivada de los procesos de fiscalización superior, para un trabajo conjunto eficaz. La comisión, aseguró, procederá “con toda puntualidad y profesionalismo al análisis minucioso del contenido y de los resultados de los informes, para emitir lo que de ello se derive”.

En tanto, el diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (Morena) consideró alarmante reconocer cómo ha penetrado la corrupción en los niveles de gobierno, porque se ha dejado de apoyar a México en la parte económica, productiva y social. “Vemos cómo el país se ha perdido en los entes corruptivos”; por ello, enfatizó, la importancia de este Informe.

Estimó que un brazo muy importante que acompaña la corrupción es la impunidad, “ya que las autoridades casi nunca castigan ningún tipo de hechos  y estamos en el país de no pasa nada”.  Expresó su respaldo al auditor, para que de manera conjunta se pueda fiscalizar y vigilar la aplicación adecuada de los recursos públicos en nuestro país. “En esta comisión vamos a revisar puntualmente las observaciones, caminaremos de la mano para subsanarlas, pero también para pedir que se finquen responsabilidades”.

Josefina Salazar Báez, diputada del PAN, consideró que no es posible aspirar a un país desarrollado cuando la corrupción es el eje de discusión en cualquier ámbito. “Ese gran problema nos cuesta 9 por ciento del Producto Interno Bruto. El uso indebido de recursos ha llenado los bolsillos de algunos, a costa de dejar en bancarrota las finanzas públicas”.

Expresó el compromiso de su bancada para revisar los informes de la Cuenta Pública y trabajar en el perfeccionamiento de las leyes que coadyuven a reducir el ejercicio opaco de las finanzas nacionales. Agregó que este mal quebranta la credibilidad y confianza de las personas en sus gobernantes, el sistema político y las instituciones, por lo que resulta indispensable implementar acciones que terminen con esos actos deshonestos.

La diputada Marcela Velasco González (PRI) manifestó que más allá de las diferencias políticas o partidistas, es necesario vigilar el uso de los recursos públicos en todos los niveles de gobierno, así como promover la transparencia y rendición de cuentas. Resaltó la importancia de dar seguimiento a las observaciones de la ASF, porque es lo que espera la ciudadanía y los propios entes auditados.

Explicó que, si bien los informes no constituyen un elemento decisivo, sí forman parte de un relevante proceso de fiscalización. “El grupo parlamentario del Revolucionario Institucional expresa su disposición para contribuir al ejercicio eficiente del erario, ya que es de todos los mexicanos”.

Por el PES, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz resaltó que en el informe de 2017, se desprende que, al igual que en la Cuenta Pública 2016, hay muchísimas observaciones que no garantizan que el gasto público fue ejercido con base en la normativa vigente y bajo los principios de eficiencia, optimización y eficacia.

Expresó su convicción de que esta segunda entrega dará luz a lo que ha sido una constante en esta administración, “donde no se ha privilegiado la calidad en la ejecución del gasto”. Reiteró la necesidad de que la ASF, en cuanto órgano técnico de esta Cámara de Diputados, consolide su liderazgo, tanto en el Sistema Nacional de Fiscalización como en el Sistema Nacional Anticorrupción.

La diputada Ruth Salinas Reyes (MC) enfatizó que hoy se está ante el más grande reto que es cómo eliminar la visión y postura de la sociedad de que todos los ámbitos públicos se encuentran plagados de corrupción, por lo que se pronunció por trabajar en conjunto hacia este propósito. También, dijo, es importante el fortalecimiento de la ASF, para que se vea como el eje rector de la rendición de cuentas que todos los mexicanos requieren.

Subrayó que los diputados atenderán los resultados de la fiscalización, a fin de transparentar, informar y “no caer más en la opacidad y en la simulación”.  Aseguró que hay ánimo y capacidad para revisar y, “nosotros también, entregar cuentas a la ciudadanía”.

En su segunda entrega, Colmenares Páramo presentó a la CVASF 678 informes individuales del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, correspondientes a 617 auditorías de cumplimiento financiero y 61 de desempeño.

Precisó que el segundo bloque de informes, sumado al del mes de junio, equivale al 62 por ciento del total de acciones contempladas en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, el cual, a la fecha, ha sido ampliado de mil 592 a mil 659 revisiones.

Indicó que los informes de auditorías presentados, han dado lugar a 642 Pliegos de Observaciones, mil 594 Recomendaciones, 18 Solicitudes de Aclaración, 14 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, y mil 220 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Los 642 pliegos de observación emitidos, continuó, están en proceso de aclaración por parte de los entes auditados; por tanto, aún están pendientes varias etapas para llegar a resultados definitivos de la fiscalización, las cuales comprenden, además de la aclaración del ente auditado, la posible presentación de denuncias de hechos y, en su caso, la imposición de las sanciones de la autoridad competente.

Explicó que los montos observados en la segunda entrega de informes, no son comparables con el año anterior, ya que se ha registrado un cambio estructural en la gestión del gasto federalizado, que repercute directamente en el monto de las recuperaciones probables que determina la ASF.

Lo anterior, estimó, es consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a partir de 2017, que obliga a las autoridades locales a devolver los remanentes no ejercidos, en el año fiscal correspondiente, a la Tesorería de la Federación.

En lo que respecta a la reconstrucción y rehabilitación derivadas de los sismos y fenómenos meteorológicos de 2017, para esta segunda entrega de informes individuales se concluyeron cinco auditorías de las 14 contempladas en el Programa Anual.

El resultado de dicha fiscalización arrojó que existió cobertura limitada del levantamiento de información de los municipios listados en las declaratorias de desastre natural y de emergencia extraordinaria. Asimismo, las bases de datos del censo de los beneficiarios no contaron con los controles necesarios para evitar duplicidades.

De la misma forma, se evidenció la falta de sustento en la priorización en la entrega de apoyos, así como una coordinación interinstitucional insuficiente en cuanto al intercambio de información y el desarrollo de procesos.

Sobre la fiscalización de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la ASF concluyó que no se cuenta con elementos para acreditar que dicha estrategia haya constituido solución estructural y permanente para atender el problema de la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria.

Respecto a la comercialización de crudo, a partir de la revisión practicada a P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V., filial de Petróleos Mexicanos, la Auditoría Superior concluyó que no es posible sustentar la alineación de su Plan Estratégico con el de la paraestatal. Se determinó que el ente auditado no cuenta con una estructura orgánica definida, ni con un manual de organización en el que se delimiten formalmente las líneas de reporte.

En cuanto a las participaciones federales, se realizaron 22 auditorías, en las que se verificó que la distribución de dichos recursos se efectuara con base en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y las fórmulas establecidas en sus normas locales.

La fiscalización de ese capital permitió identificar que, en muchos casos, no fueron pagados en su totalidad o se hizo fuera del tiempo señalado en la LCF, sin cubrir los intereses correspondientes por el retraso; que hubo falta de acreditación del pago a terceros; que se registró una inadecuada aplicación de algunas fórmulas de distribución por parte de las entidades federativas, o que se realizaron deducciones injustificadas a las participaciones.

En cuanto al gasto federalizado, se efectuaron 17 auditorías al Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin). La ASF observó que uno de los elementos críticos de ese instrumento es el hecho de que su presupuesto inicial, de un poco más de tres mil millones de pesos, pasó a más de cincuenta mil millones de pesos, es decir, creció más de mil 500 por ciento. Además, añadió, no existe un marco jurídico que regule a quién se le otorgan recursos.

El titular de la ASF se pronunció por mantener canales de comunicación permanentes con la Comisión de Vigilancia, ya que sólo con una coordinación transparente y efectiva, se podrán ofrecer resultados tangibles a la sociedad.

También informó que, a partir de la Cuenta Pública 2018, se tendrán nuevas modalidades de fiscalización, por lo que habrá auditorías de calidad, multidisciplinarias y más robustas, técnica y jurídicamente hablando.

“Estamos convencidos de que hay una definición clara del rumbo y la estrategia a seguir. Con el apoyo de los legisladores, la ASF estará a la altura de las demandas de la sociedad de acabar con la corrupción y la impunidad”, refirió.

Agregó que los resultados del proceso electoral de julio pasado, dejaron clara la demanda social de cambios, principalmente por el descontento e inconformidad de la ciudadanía por la deshonestidad y por el modelo de desarrollo que no ha logrado eliminar la pobreza y la desigualdad.

La ASF, continuó, debe fortalecer su labor como órgano técnico y adaptar sus estrategias de fiscalización a la realidad del país, que demanda acabar con este flagelo con objetividad y neutralidad.

“Se deberán establecer medidas de control adecuadas que reduzcan la recurrencia de actos fuera de la ley y privilegiar el enfoque preventivo, pero sin descuidar la promoción correcta de sanciones”, recomendó.

Finalmente, el auditor superior de la Federación indicó que esta dependencia elabora su Plan Estratégico para 2018-2026, que parte de la necesidad de posicionar a la institución como un ente modelo en el sector público en materia de legalidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.