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TLAXCALA, Tlax., 25 de mayo de 2017.- Con algunas deficiencias en sus conocimientos incluso hasta contradictorios en relación funcionamiento del organismo, este día se llevó a cabo la evaluación pública de los 11 interesados a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
En el momento que daría inicio la evaluación pasando la 9:30 de la mañana solo se encontraba 10 de los 11 aspirantes, y debido a que Florencio Licona Pérez no había llegado a la cita y se integró más tarde al grupo.
En ese sentido, los aspirantes al cargo de presidente de la CEDH, que fueron evaluados fueron Pedro Emmanuel Ortega Espinosa, ex director de Capacitación e Investigación de la CEDH; Víctor Manuel Cid del Prado Pineda; el ex presidente del Iaiptlax, Edgar González Romano; Francisco Javier Santillán Cuautle, ex integrante del Consejo Consultivo de la CEDH; Armando Pérez Saucedo; Salomón Amador González; Julio Raúl Gracia Ruiz; Alma Carina Cuevas Fernández; Florencio Licona Pérez; Cristal Corona Sánchez y Juan Carlos Cruz Jiménez.
Es de mencionar que el ex presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, Edgar González Romano, al inicio de su participación defendió sus aspiraciones.
Mi intervención la quiero dividir en dos partes la primero quiero denominarla como la legalidad de mi candidatura a presidente de la CEDH y la segunda para demostrar la idoneidad de mi candidatura, esto debido a unas notas publicadas en diferentes medios de comunicación que establecen que mi candidatura es inelegible en virtud de estar restringido en la fracción séptima del artículo 10 de la CEDH, porque fui servidor público de primer nivel en la administración estatal, situación que es contraria, señalo.
Incluso, dijo que “Si bien es cierto que hasta el 2 de enero de 2017 fungí como comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala; sin embargo esta situación no hace que mi candidatura sea inelegible para el proceso que nos ocupa”.
No obstante, presumió ser especialista en amparo y maestría, en derecho procesal constitucional, sin embargo al ser cuestionado fue evidenciado por los sinodales.
¿Qué sería más eficaz (para defender o garantizar los derechos humanos) un juicio de amparo o un procedimiento ante la CEDH?
-Un juicio de amparo, reviró.
¿Cuestionó el sínodo Ramírez Luna, por qué razón?
-En principio por la protección que tiene, porque puede pedir la suspensión del acto reclamado, incluso puede ser con efectos restitutorios, asentó.
¿Recuerda cuáles son los cuatro sentidos que puede resolverse un amparo?
-Claro, puede ser concediendo, puede ser sobreseyendo, puede negar el amparo y son las únicas.
Sin embargo, el sínodo le corrigió. No es cierto, pues le explicó que hay una tercera forma que es “para efectos” “si es eficaz para usted el juicio de amparo (para defender o garantizar los derechos humanos) que demonios hacemos aquí hablando de la CEDH…” y concluyó su cuestionamiento.
Luego de dicha intervención se dio un receso pues transcurrieron varios minutos y al reanudarse, ya no se integraron dos de los cuatro sinodales se trata de Pablo Salazar Andreu y Fernando Méndez Sánchez, mismos que se tuvieron que retirar “por falta de tiempo”.
Más tarde tocó el turno Alma Carina Cuevas Fernández, misma que impugno el pasado proceso, sin embargo durante su participación dijo confiar en el trabajo del sínodo.
Finalmente, el presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, Ignacio Ramírez Sánchez, refirió que el próximo lunes cinco de junio se reunirán con el objeto de realizar el dictamen correspondiente a fin de que el ocho de junio el Pleno del Congreso del Estado esté en condiciones de designar a los nuevos funcionarios de del Consejo Consultivo y presidente de la CEDH.