Con irregularidades se aplica protocolo contra linchamientos en Zacatelco

TLAXCALA, Tlax., 12 de marzo de 2023.- El Protocolo de Actuación Policial para Prevenir y Atender Casos de Linchamientos en Tlaxcala fue aplicado con algunas irregularidades al no respetarse al pie de la letra la ejecución del mismo.

Publicado el 10 de febrero del presente año en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el protocolo contra linchamientos debutó la noche del sábado 11 de marzo en el municipio sureño de Zacatelco luego de que nueve sujetos fueron señalados por presuntamente intentar asaltar a los usuarios que viajaban en una unidad de transporte público.

Dicho protocolo que rige el actuar de las fuerzas de seguridad se compone de tres anillos de actuación que se basan en normatividad internacional, nacional y estatal respecto al uso de la fuerza, el respeto a los derechos humanos y la priorización de la vida de los elementos de seguridad.

El primer anillo indica que “los elementos policiales deberán constituirse en el lugar de los hechos y emplear los dos primeros niveles del uso de la fuerza conforme lo establecido en el artículo 11, de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, asimismo se designará a una persona negociadora con la finalidad de disuadir a las personas de cometer el linchamiento y que realicen la entrega voluntaria de la o las personas retenidas.

Videos que circulan en redes sociales dan cuenta de que el primer anillo fue atendido por elementos de la seguridad municipal quienes arribaron al lugar de los hechos luego de escuchar los gritos de auxilio de las víctimas.

Los elementos acudieron al llamado y se percataron que los supuestos delincuentes habían sido encerrados en la unidad en la que habían cometido su pregunto ilícito, y pretendían ser linchados por los usuarios y varios pobladores quienes ya se encontraban en el lugar.

Tras no lograr la entrega pacífica de las personas señaladas e incrementar el ardor de una multitud que a cada minuto que pasaba se incrementaba en número, se procedió a ejecutar el segundo anillo.

El segundo anillo marca el actuar de los elementos de seguridad en caso de no haber existido acuerdos para recuperar a las personas retenidas y explica que la extracción se realizará mediante las técnicas y tácticas policiales, pudiendo hacer uso de armas incapacitantes menos letales conforme al artículo 15 fracción primera sobre la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza para dispersar a la multitud y facilitar el rescate de las personas retenidas privilegiando su atención médica.

Tras fracasar la operación de las fuerzas municipales, al lugar del conflicto arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) encabezados por el titular del ramo, Ramón Celaya Gamboa, quienes se apersonaron sobre la unidad de transporte público en la que se encontraban encerrados los supuestos delincuentes.

Aquí es donde inician las irregularidades, pues como se puede observar en transmisiones en vivo de medios de comunicación y videos de personas que se encontraban en el lugar del conflicto, las fuerzas policiales recurrieron al uso de las armas letales.

Si bien en el tercer anillo se establece que los policías podrán hacer uso de armas de fuego, en el mismo se indica que las armas letales solo podrán ser utilizadas cuando las personas civiles que participen en la turba hagan uso de estas armas en contra de los elementos o con intenciones de atentar contra los retenidos.

Los videos del momento del intento de linchamiento, dan cuenta de que las fuerzas del orden realizaron detonaciones de arma de fuego sin que existiera una agresión por parte de las personas que integraban la turba.

Del mismo modo, para dispersar a la multitud enardecida y lograr la extracción de los supuestos delincuentes, la policía estatal hizo uso de bombas de gas lacrimógeno, respetando en este caso el segundo anillo que indica que se podrá hacer uso de armas menos letales que incapaciten cualquier acto violento.

Cabe señalar que pese a la críticas que ha recibido dicho protocolo por permitir el uso de armas de fuego, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) avaló su uso y no emitió recomendación alguna para verificar el mismo procedimiento.