Denuncia Comité de IAIP-Tlaxcala abusos y excesos de comisionada

TLAXCALA, Tlax,. 17 de junio de 2019.- El Comité hace un análisis de la situación legal, manejo de presupuesto y operatividad y detecta que las denuncias son desechadas por el área jurídica sin ser analizadas por las ponencias y que los comisionados no integraron el Comité de transparencia de la institución

El desechamiento ilegal de denuncias, manejo discrecional, autoritario e ilegal de recursos, contratación ilegal de personal, así como el sostenimiento de personal que no acude a laborar, entre otros señalamientos son las observaciones que hizo el Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado al trabajo de la comisionada, Marlene Alonso Meneses, por lo que llamó a los integrantes del Consejo General dejar a un lado sus intereses y trabajar para que entes transparenten su información.

A través de un documento dado a conocer por Lilia Atónal Mendoza, integrante del Comité, el cual fue aprobado por mayoría, se señala sobre la situación legal y de los diversos trámites administrativos que la Comisionada no dio respuesta al Comité sobre el estado que guardan los expedientes en su ponencia, por lo que desconocen si trabaja o no en la tercera ponencia dentro del Instituto.

Asimismo que la secretaría técnica y de asuntos jurídicos a través de su unidad jurídica tiene como funciones dar trámite a las denuncias ciudadanas a cada una de las ponencia para su substanciación , sin embargo hasta la fecha ninguna denuncia ha sido turnada a las ponencias, dicha situación la desconoce el Consejo General y ha desechado las denuncias sin dar cuenta al Pleno, por lo que el área es acusada de ejercicio indebido de funciones, lo que constituye una falta administrativa considerada como grave establecida en la Ley general de responsabilidad administrativa y que debe ser sancionada por la Sala administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Respecto a los Recursos de Revisión en contra de las solicitudes para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, cancelación y Oposición (ARCO) para la protección de Datos Personales, el pleno del Consejo General dio a conocer que de 2018 al 29 de marzo de este año no se ha remitido ningún recurso de revisión para su sustanciación, por lo que el Consejo Consultivo ignora si algún ciudadano ha hecho valer este derecho ante el Instituto, de ahí que recomendó dar mayor difusión al derecho para que lo ejerzan los ciudadanos.

Así entre sus primeras recomendaciones se señala que Alonso Meneses debe reconocer la decisión de la mayoría de los comisionados y le solicita asistir e incorporarse a las sesiones del Consejo General, pues sus faltas a las sesiones constituyen una causal de procedencia de juicio político, establecido por la Ley de responsabilidad de los servidores públicos para el Estado de Tlaxcala, pues con su accionar perjudica a los intereses de la sociedad tlaxcalteca al violar su derecho de acceso a la información y a la protección de sus datos personales.

Asimismo solicita a la comisionada respecto a los recursos de revisión, debe trabajar y conducirse en estricto apego a los principios que rigen al buen funcionamiento del Instituto como certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia pues al omitir contestar las peticiones del Consejo “denota que el desempeño de su trabajo carece de la aplicabilidad de ellos, en el ejercicio de sus funciones, pues aun cuando la Comisionada ha desconocido públicamente la existencia de este Consejo, no debe soslayar que la información requerida es pública y no puede ser negada, ni justificada su entrega por procedimientos burócratas que pongan en tela de juicio la función primordial del órgano garante.”

Sobre el manejo del presupuesto el Comité informó que el recurso lo maneja “de manera discrecional” la comisionada pues no da recursos para viáticos a las ponencias uno y dos para el cumplimiento de sus funciones; por ello consideró que maneja el recurso de manera unilateral y autoritaria el presupuesto del Instituto como lo hizo desde el inicio de su presidencia y por los cuales fue destituida del cargo, señala el documento; asimismo la responsabiliza de contratar ilegalmente a personas “por lo que podría incurrir en un probable desvío de recursos, por parte de quien se encuentra ejerciéndolo, máxime que dicho personal contratado de forma ilegal como es el caso de los Ciudadanos Ismael Gracia y Francisco Mixcoatl, no acuden a las oficinas del Instituto al desempeño de sus labores”.

Finalmente respecto a la operatividad institucional del IAIP-Tlaxcala señala el Comité Consultivo que el IAIP no cumplió en tiempo con la conclusión del proceso para vigilar a los sujetos obligados en materia de transparencia del año 2018; por ello solicitó al Instituto aclarar en qué calidad se da esta información del análisis de transparencia, pues podrían solicitar amparo de la justicia, ya que los tiempos de vigilancia no son los requeridos, de ahí que dicho estudio solo es un análisis diagnóstico para medir el cumplimiento y errores en la información, así como subsanar las deficiencias en que incurrieron los entes.

Por otra parte se detectó que el Instituto hasta el momento únicamente ha llevado a cabo pláticas para la firma de un convenio con la SPF para recaudar los recursos económicos que provengan de su imposición, sin embargo no se ha concretado, por lo que el IAIP no aplica sanciones a los entes obligados por incumplir con la transparencia, de ahí que se sugiere a los comisionados que hagan a un lado sus diferencias y unan esfuerzos para que el Instituto imponga sanciones con quienes no cumplen en transparentar su quehacer.

Asimismo detectó que el Instituto no cuenta con un Comité de transparencia pues argumenta que el IAIP es el órgano máximo de gobierno por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, no está permitido, de ahí que no hay información en este sentido del 1 de enero al 30 de junio del 2018; debido a esta situación el Comité Consultivo propuso integrar dicho comité el interior, pues es un sujeto que está obligado a cumplir con la normativa y se predica con el ejemplo.