Suman 32 Ayuntamientos su reglamento de bienestar animal, restan 28: OCPA
TLAXCALA, Tlax., 08 de noviembre de 2018.- Esta mañana el Congreso del Estado desechó la solicitud de revocación de mandato a la alcaldesa Anabel Ávalos Zempoalteca y al síndico, Héctor Martínez, interpuesta por Esperanza Minor Sánchez, quien acusó al ayuntamiento de despojo de un terreno en la administración de Víctor Hugo Cahuantzi.
De esta forma con 15 votos a favor del dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, desecharon la petición debido a que justificaron que el delito está tipificado en el Código Penal y esto permite que la quejosa dé seguimiento por esta vía al problema con el ayuntamiento.
Asimismo en la lectura la diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona justificó que para revocar el mandato a ambos funcionarios electos se requiere de al menos dos causales para iniciar el procedimiento, situación que no existe en el caso, pues no la pide la mayoría de los ciudadanos, ni va contra los intereses de los mismos.
Es de recordar que en la petición hecha a través de varios escritos al Congreso del Estado la inconforme señala que es vecina del municipio y cuenta con 88 años de edad y solicitó el procedimiento al Poder Legislativo por ser responsables de despojo en su agravio, pues asegura que es la dueña del bien inmueble denominado El Potrero, ubicado en la comunidad de San Gabriel Cuauhtla, lo que acredita con una escritura pública.
La afectada solicitó a la alcaldesa y al síndico “la restitución inmediata del inmueble”, pues han vulnerado sus derechos humanos al no “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad” de ahí la petición ante el Poder Legislativo, pues incluso ambos funcionarios no han dado respuesta a los escritos que ha recibido el ayuntamiento.
Por esta situación el Poder Legislativo exhortó a los funcionarios para que den respuesta a la petición de la afectada y le aseguraron que quedan a salvo sus derechos para proceder conforme sus intereses.