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TLAXCALA, Tlax., 24 de septiembre de 2018.- Vecinos de comunidad de Guadalupe Ixcotla, denunciaron desvió de recursos y anomalías en la administración de su localidad, así también reclamaron la falta de definición de su presidente de comunidad, lo que ha generado inestabilidad política y social, que ha derivado en el aumento de inseguridad y servicios básicos.
El conflicto dijeron se centra en la existencia de dos presidentes de comunidad, por un lado Cruz Hernández Pérez quien fue desconocido en asamblea de pueblo y desde el mes de marzo de este año después de una serie de presuntas irregularidades fue electo Crispín Pluma Ahuatzi.
En tanto evidenciaron, que este último ejerce sus funciones sin la asignación de presupuesto y gasto corriente por parte del alcalde Héctor Domínguez Rugerio, además de carecer del reconocimiento de las autoridades municipales y estatales, toda vez que Cruz Hernández dijeron es respaldado por el munícipe, pese a no estar en funciones.
Ante ello, exigieron la intervención del gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez y de los diputados del Congreso local para dar una pronta solución al este conflicto político y social.
“El presidente municipal solapa a una persona que desvía recursos y no hay obra en la comunidad, todo lo que el gobernador le recomendó lo está haciendo al contrario, están protegiendo a quienes roban a la ciudadanía y no hacen las obras en las comunidades”, reclamaron los inconformes.
La comitiva integrada por Domingo Sastre Teomitizi, Prisciliano Vega y Guadalupe Ahuatzi, entre otros, también denunciaron la presunta opacidad y falta de responsabilidad del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), al dictaminar un fallo sin el conocimiento real del conflicto que vive esta comunidad.
“Presuntamente Cruz Hernández, hace alarde de influencias al interior del gobierno estatal y dice ser allegado del ex alcalde Antonio Mendoza”, refirieron al señalar que aunado a ello está la falta de trabajo de su autoridad de comunidad que no le ayuda en nada, toda vez que las calles se encuentran en pésimas condiciones.
Finalmente, los inconformes denunciaron la posible existencia de un desvió de recursos de 12 millones de pesos (MD), de los cuales no existe una clara y correcta aplicación en obra pública ejecutada, de ahí que las pruebas ya fueron presentadas ante la 63 Legislatura local y esperan que en breve sea subida al Pleno para su discusión, puntualizaron.