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70 por ciento de plantas tratadoras no funcionan en Tlaxcala
TLAXCALA, Tlax., 07 de noviembre de 2017.- Derivado del foro comunitario sobre propuestas de rescate a la Cuenca del Río Atoyac, Octavio Rosas Landa catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que, de acuerdo a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 10/2017, son cerca de dos mil empresas las que contaminan el Río Atoyac entre Tlaxcala y Puebla.
Rosas Landa esclareció que, algunas de estas empresas son Bayer y Pemex que generan la descarga de aguas residuales contaminantes entre los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo en Puebla, así como Ixtacuixtla, Tepetitla de Lardizábal y Natívitas.
«Entre estas empresas está el complejo petroquímico Independencia de Petróleos Mexicanos que vierte directamente en el cauce del río y el corredor industrial Puebla-Tlaxcala donde hay decenas de empresas, entre ellas Racini y Bayer que están vertiendo sustancias como cromo, plomo, cadmio y zinc», ejemplificó.
Señaló además que Bayer vierte tal cantidad de químicos que el nivel de toxicidad sería suficiente para matar tres veces a la población de Ixtacuixtla, según el registro de transferencia de contaminantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), aportados por las propias industrias.
Asimismo, Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, destacó que, pese a la propuesta en municipios de construir plantas tratadoras de aguas residuales, esta medida no es suficiente ya que solamente funcionan el 30 por ciento de las plantas.
El 70 por ciento restante, dijo, han quedado inservibles debido al nivel de contaminación y la combinación de sustancias nocivas, ya que las industrias están conectados a los drenajes municipales y no aptas para este tipo de descargas, de modo que, precisó, el establecimiento de un presupuesto para la construcción de plantas de tratamiento no es la solución, sino ubicar a quienes están contaminando el afluente ribereño.
Méndez Serrano reiteró que es el Estado el que debe establecer un presupuesto y planes con plazos fijos de cumplimiento a corto, mediano y largo plazo de las estrategias de saneamiento.
Comentó que si bien las asociaciones civiles no han sostenido acercamiento alguno, es el Gobierno del Estado el que debe regular e imponer orden en las descargas de las industrias.