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TLAXCALA, Tlax., 8 de enero de 2021.- El Ejecutivo del estado vetó las reformas a la Ley de Comunicaciones y Transportes por las que se pretendía realizar un descuento del 70 por ciento en el costo de trámites a concesionarios del transporte público a fin de que subsanen sus finanzas por las afectaciones que ha dejado a dicho sector la crisis inducida por la pandemia del Covid 19.
De acuerdo con los argumentos del Poder Ejecutivo, dichas reformas son “inconstitucionales” y atentan contra la seguridad de la ciudadanía y el medio ambiente, así como de los principios de racionalidad, legalidad y seguridad jurídica.
Cabe destacar que fue el 26 de noviembre cuando los legisladores aprobaron las reformas a Ley de Comunicaciones y Transportes, lo que generó posturas a favor y en contra.
Entre las principales inconformidades para aprobar las reformas, se encontraba la ampliación de la antigüedad de las unidades del transporte público de 10 a 15 años, situación que fue señalada por los diputados Víctor Manuel Báez López y María del Rayo Netzahutl Ilhuicatzi como un atentado a la seguridad de los usuarios.
Dichos señalamientos en contra fueron respaldados por el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, quien apuntó en el veto que “la adición de la fracción 11, al artículo 48 de la Ley de Comunicaciones y Transportes en la que se amplía el plazo de la obligación de cambiar las unidades vehiculares del servicio público de los 10 años actuales a 15 años, se considera una reforma inconstitucional, pues transgrede los derechos de la ciudadanía a un medio ambiente sano y de acceder al servicio público de transporte en condiciones de seguridad”.
Asimismo, el mandatario expuso que la reforma “produce una afectación al derecho de las personas a contar con un medio ambiente sano. Ello, porque amplía de 10 a 15 años el periodo de vida útil de los vehículos que se dedican al transporte de pasajeros”, además de que no se garantizan los derechos de las personas de acceder al servicio de transporte público concesionado en condiciones de seguridad.
“Esto es así, ya que la norma en lugar de promover que los vehículos empleados sean de la más alta tecnología. Tanto en materia ambiental como de seguridad, lo que proponen es retroceso”, apuntó el mandatario.
Finalmente, y respecto al descuento del 70 por ciento en el costo de trámites, el titular del Ejecutivo señaló que “la adición del último párrafo transitorio al artículo 153 del Código Financiero viola el principio de proporcionalidad tributaria, reconocido en el artículo 31, fracción cuarta, de la Constitución general”; incluso, enfatiza que los legisladores no fueron claros al exponer “las causas de fuerza mayor por las que la Secte realizaría un descuento del 70 por ciento.
“El artículo adicionado no cumple con las garantías de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que no brinda los elementos suficientes para determinar los supuestos en los que se aplicará la liberación de la obligación tributaria. Ello es así ya que no especifica ante la declaración de qué autoridad se tomará que existe una situación de emergencia que amerite la aplicación de una exención fiscal”, se expone en el documento.