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TLAXCALA, Tlax., 26 de septiembre de 2023.- El hasta ahora secretario general electo del Sindicato 7 de Mayo, Enrique Escobar Cortés, permanecerá como líder de este gremio gracias al respaldo de sus derechos sindicales, mientras que contrademandará a autoridades de gobierno por su presunto despido injustificado de este martes.
En rueda de prensa tras su destitución de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), Escobar Cortés dio a conocer que hasta la noche de este lunes, donde ya preveía su despido, se desconocían los motivos por los que el gobierno suspendería la relación laboral con este dirigente.
Sin embargo, la gobernadora Lorena Cuéllar reveló en entrevista con medios de comunicación que el despido fue por presuntas violaciones al Artículo 34 de la Ley de Servidores Públicos de Tlaxcala, de tal manera que Escobar Cortés interpondrá una demanda y un amparo respecto a estos términos.
A pesar de su despido, Escobar Cortés confirmó que seguirá como secretario general de este sindicato, pues mantiene sus derechos sindicales activos y ya se tenian previstas este tipo de “intimidaciones” por parte de autoridades de gobierno.
Asimismo, reiteró su compromiso por defender los derechos de los trabajadores al servicio del gobierno del estado, pues continúan los rezagos al interior de los módulos médicos en relación a la entrega de medicamentos y servicios.
“Estoy tranquilo. Hoy estoy despedido porque ayer me lo notificaron verbalemente y hoy hay una declaración, creo que queda claro que el despido está hecho. Pero eso no va a impedir que yo siga trabajando, que yo siga al frente de mis compañeros. Mientra no haya una resolución efectiva de despido, yo sigo teniendo mis derechos sindicales activos y sigo siendo secretario general electo”, sostuvo.
De igual manera, confirmó que otros trabajadores afiliados al 7 de Mayo han sido despedidos a manera de represalia contra compañeros que tienen amparos para asegurar sus prestaciones médicas.
Por otro lado, miembros de este gremio señalaron directamente a los asesores de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros de malinformarla y fomentar confrontaciones entre burócratas, pues el contrato colectivo los obliga a cubrir el 100 por ciento de los costos de los servicios médicos y, en caso de suspender los nuevos módulos, deberían pasar únicamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).