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TLAXCALA, Tlax., 28 de junio de 2017.- Existen diferencias e inconsistencias en los informes y datos de trata de personas en las entidades federativas sobre los indicadores y acciones dentro de la Administración Pública Federal (APF) y un avance del 0% del Programa Nacional en este rubro, ante ello existen 75 mil casos de trata y sólo 19 sentencias condenatorias, sostuvo la presidenta de la Comisión de trata de personas, Adriana Dávila Fernández.
Sobre este tema, la legisladora panista dijo que estas deficiencias ocultan la realidad en el segundo delito que deja mayores ganancias en el país, donde las autoridades no analizan ni persiguen las cuentas bancarias de los tratantes.
En este análisis y evaluación del informe 2015 de la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas, participó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, la senadora Angélica de la Peña Gómez.
Ahí la senadora Peña Gómez, refirió sobre las facultades y competencias inscritas desde el artículo 88 del Reglamento interno, para configurar la política de Estado, estrategias, además de materia de prevención y persecución.
Asimismo, señaló la implementación de campañas de educación, suscripción de acuerdos de colaboración, entre otras acciones dentro del contexto integral de la vocación de leyes. En tanto, Dávila Fernández hizo el análisis de este informe 2015 de la Comisión Intersecretarial, donde evidenció las inconsistencias de la información gubernamental. En este análisis, refiere la prevención, atención, procuración e investigación y persecución, además de los sistemas de rendición de cuentas y acceso a la información.
Sobre estas acciones señaló que las entidades con más operativos contra la trata son la Ciudad de México (CDMX) y Chiapas. En tanto refirió, los casos de Casitas del sur y Mamá Rosa, como parte de las irregularidades de los casos de trata que evidencia estos hechos. Empero dijo, que en el análisis del cumplimiento de la Ley, el alcance no podrán concretarse si la Ley no se armoniza, ni sanciona, previene y atiende a las víctimas.
La senadora Adriana Dávila Fernández, señaló que esta es una perspectiva que busca que a partir de un ordenamiento legal se cumpla a cabalidad de la Ley contra la trata de personas puesto que las cifras son alarmantes, toda vez que existen 75 mil personas que padecen este problema y que hasta el 2015 existieron sólo sentencias condenatorias.
En tanto, la cifra nacional refiere 106 consignaciones, mientras que no hay un protocolo de actuación en materia de trata. Por ello, señaló “en términos de derechos humanos y en especial en este no podemos regatear una Ley” .
Mientras tanto informó que se han creado 66 leyes, pero los resultados no son en términos de estos avances de sentencias. Por ello, llamó a cuidar que están haciendo los gobernadores y gobernadoras, toda vez que en México se ha hecho una concepción del tema de la trata de personas.
Asimismo evidenció que en estos informes y datos existen hasta cinco cifras diferentes entre entes públicos. Algunos de los ejemplos es la difusión de cifras como 41 millones 337 mil 071 personas, mientras que difieren los datos de la ASF de 53 mil 529, diferencia de 19 millones de personas entre un informe y otro.
Finalmente, la senadora panista Adriana Dávila Fernández, dio a conocer que el próximo informe será en el año 2018 de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), precisamente en elecciones federales y evidenció que en este tema hay simulación por ser un tema escabroso y de carga moral, concluyó.