Inicia PGJE carpeta de investigación por los hechos suscitados en Panotla
TLAXCALA, Tlax., 29 de octubre de 2018.- A cinco meses de que la Secretaría de Gobierno emitiera una disculpa pública a siete policías ministeriales por haberlos incriminado en el delito de secuestro exprés durante la administración de Mariano González Zarur, Jorge López acusó que la recomendación no ha sido cumplida en puntos básicos como el pago de salarios y retirar sus datos de plataforma México como agentes procesados, por lo que no pueden conseguir trabajo.
El ex judicial, junto con sus compañeras Patricia Aguilar Hernández y Clara Badillo Lara, acudieron al Congreso del Estado para denunciar la omisión del Gobierno del Estado y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a fin de que no les sean vulneradas sus garantías, pues actualmente no se ha cumplido con la recomendación 02/2018 emitida por el organismo autónomo.
Tras acusar que la CEDH de Tlaxcala está totalmente rebasada, pues desde hace dos meses el organismo autónomo le solicitó al gobierno del estado que cumplieran en 15 días con lo establecidos en la recomendación, hasta el momento esto no ha sido posible, por lo que desde hace dos meses no ha habido ningún acuerdo, ni se ha cumplido la promesa de los funcionarios estatales.
Debido a esta omisión por parte de las autoridades locales el ex servidor público señaló que solicitó a la CEDH le den vista al Congreso del Estado para que conozca la situación y los hagan cumplir con lo prometido, sin embargo a la fecha no han contestado a su requerimiento.
Detalló que entre las peticiones está la atracción del caso por el Poder Legislativo y cite a declarar a quien tenga que hacerlo, pues no han sido cumplidas las peticiones de la recomendación aceptada por el Gobierno del Estado desde hace cinco meses.
Acusó que en el caso de los siete policías judiciales se ha violentado la Ley de Atención a Víctimas pues tras haber comprobado que no tienen ningún delito debes ser reinstalado en tu trabajo del cual te despidieron por tener un proceso penal, “que ya está comprobado que no cometimos ningún delito y aparte fuimos torturados”.
Posterior a dialogar con la diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona, los ex servidores públicos amagaron con realizar huelga de hambre porque la CEDH no puede obligar a las autoridades estatales para que cumpla con los puntos de la recomendación.