Ley de biodiversidad agrede a comunidades indígenas de Tlaxcala: DESCA

• Señalan que Ley de Seguridad interior servirá para el despojo de comunidades indígenas y la criminalización de los defensores del derecho humano al agua

TLAXCALA, Tlax., 27 de febrero de 2018.- Por medio de un comunicado emitido por integrantes de Mesa Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), de la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos, manifestaron su oposición a la Ley de Biodiversidad en conjunto con la Ley de Seguridad Interior y la probable aprobación de la Ley General de Aguas, sobre los efectos que podría desatar a las comunidades indígenas de Puebla y Tlaxcala por el uso de indiscriminado de territorio natural, mantos acuíferos, ríos, arroyos y canales.

La mencionada organización expone que pese a los esfuerzos de comunidades tlaxcaltecas por el saneamiento de la cuenca del Atoyac-Zahuapan, las empresas se han valido de las leyes para la sobre explotación y devastación de zonas carentes de protección: “o porque se les autoriza que los depreden al emplearlos como vertederos de residuos tóxicos y peligrosos “, señalan.

Y es que, con la aprobación de la Ley de Biodiversidad a finales de diciembre de 2017, hacia el término del periodo de sesiones en la Cámara de Senadores, no permitió el analizar las deficiencias o lagunas, mismas que podrían ser aprovechadas por grupos de interés para la apropiación de las áreas naturales protegidas ya que aún no se ha establecido un marco normativo de prohibición a las empresas despojando a los pueblos indígenas de zonas naturales, cuencas y ríos en el país.

Añaden que con la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, se teme la criminalización, persecución y revictimización de los defensores del derecho humano al agua al oponerse a proyectos que atenten contra la biodiversidad del territorio mexicano.

Asimismo, exponen que los cambios recurrentes a poco más de 450 reformas de la Constitución no han permitido el reconocimiento de los derechos “de los pueblos y comunidades al territorio, a la autodeterminación y a un medio ambiente sano o a la salud, sino que legalizan la privatización de las aguas, las tierras, los minerales, la biodiversidad, los bosques, la cultura, el patrimonio histórico, los sabores tradicionales, las infraestructuras”.