Llega la austeridad a Tlaxcala; diputados aprueban Ley

Prohíben y reglamentan inversión en Poder Ejecutivo, Judicial y municipios para evitar la corrupción

TLAXCALA, Tlax., 28 de Diciembre de 2018.- Con cinco votos en contra y 19 a favor fue aprobada la Ley de austeridad, racionalidad, probidad, y disciplina en el manejo del presupuesto público del estado de Tlaxcala y sus municipios, la cual establece limitaciones, prohibiciones y mecanismos para evitar el mal manejo de recursos en los poderes Ejecutivo, judicial y municipios, donde destaca la no contratación de escoltas, ni destinar gastos médicos a funcionarios de alto nivel para pasar a la atención de seguridad social.

De acuerdo al dictamen presentado por las Comisiones de Finanzas y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos la Ley establece en 10 capítulo y 48 artículos diferentes prohibiciones para invertir recursos, contratar personal, adquirir diversos artículos para la labor administrativa u operativa en el estado, entre otros.

La diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona dio lectura a las disposiciones y señaló que esta Ley proviene del concepto acuñado recientemente de austeridad republicana la cual consiste en erradicar el conjunto de excesos traducidos en privilegios auto otorgados por la clase política, de modo que se haga eficiente el gasto destinándolo al interés general mediante la liberación  de recursos para financiar el desarrollo y la prosperidad de la población.

La Ley en el estado contempla en el primer capítulo aspectos de disposiciones generales donde se establece que la legislación es de orden público e interés social; en el capítulo 2 se llamará de los servicios personales donde se dispone  las prohibiciones de incrementar anualmente las remuneraciones o retribuciones económicas de los servidores públicos en porcentajes mayores a la inflación; así como pagos de servicios médicos privados, pensiones de retiro o bonos de conclusión de mandato a los titulares del Ejecutivo estatal y otros funcionarios en el estado.

Además que se pueda contratar la prestación de servicios profesionales con excepción de bajas de personal donde se evitarán demandas laborales.

En el capítulo 3 es denominado de los materiales,  suministros y servicios generales donde se contempla la limitación de gasto difusión y propaganda oficial, viajes nacionales e internacionales, gastos de orden social, servicios de telefonía celular y arrendamiento innecesarios de inmuebles; la prohibición de gastos editoriales sin relación con la función de los entes públicos, así como arrendamiento de vehículo, aviones y vehículos u otros medios de transporte, excepto en casos de salud, seguridad y protección civil.

La cuarta parte señala las disposiciones de los apoyos, subsidios y ayudas sociales el cual contendrá la disposición para que sean otorgados los apoyos deberán tener un padrón exclusivo de los beneficiarios, y estarán prohibidos para quienes no radiquen en el estado y en casos que no tengan fines sociales.

El manejo de los bienes muebles e inmuebles están contemplados en el capítulo cinco y en este se prohíbe la adquisición de vehículos cuyo costo sea mayor a tres mil veces la unidad de medida y actualización o cualquier otro medio de transporte de los servidores públicos, se ordenará la racionalización del uso del combustible, la evaluación y depuración del parque vehicular, la enajenación de bienes muebles improductivos y obsoletos.

En el 6 los diputados establecerán los precios unitarios para la obra pública, donde se señalan los precios unitarios de observancia obligatoria a los entes públicos y contratistas; asimismo se expone que la administración pública estatal y los municipios  destinen 20 por ciento del fondo estatal participable a obra pública y la contratación de estudios y proyectos no exceda del tres por ciento de las mismas.

El capítulo 7 tiene el nombre de los controles y disciplina en el ejercicio del gasto público donde se ordena que las unidades administrativas de los entes públicos establezcan mecanismos de control y de seguimiento del ejercicio presupuestario, asimismo que la documentación comprobatoria se integre en original y se limite el otorgamiento de gastos a comprobar y se garantice el monto inherente con título de crédito, que el ejercicio del gasto no comprometa los recursos financieros del ejercicio fiscal siguiente y las prohibiciones de realizar transferencias presupuestales de gasto de capital a gasto corriente.

Asimismo de utilizar recurso federales con fines específicos a otros diversos de los autorizados, no otorgar prestamos personales con recursos públicos a servidores públicos.

En el octavo capítulo se señala sobre los fideicomiso y donativos en el que se establece que los fideicomisos deberá registrarse ante la Secretaría de Planeación y Finanzas, que no podrán constituirse con recursos de subejercicios del año previo, en tanto la secretearía tendrá que presentar un informe sobre la justificación y necesidad de permanencia de tales fideicomisos, así como el señalamiento de los que deban desaparecer.

En el 9 es denominado de las responsabilidades y sanciones el cual establece la prevención para que los servidores públicos que incumplan los mandatos de la Ley serán responsables administrativa y penalmente; en tanto el último fue llamado de las Leyes y pautas de comportamiento ético y austeridad en el cual se establecen los deberes éticos que deberán observar los servidores públicos.

Pese a que la mayoría de los diputados votó a favor los legisladores Leticia Hernández Pérez, Zonaia Montiel Candaneda, Isabel Casas Meneses, Maribel León Cruz y Omar Milton López Avendaño votaron en contra por trastocar los derechos de los otros poderes en el estado, así como la autonomía de los municipios.