Nigromante

La Jerarquía Eclesiástica alza la voz contra la corrupción de ex y gobernadores

Con base en los escándalos originados  en la administración pública de los gobiernos de los estados, que confirman “el mal lacerante que agobia a México: la corrupción”, la Arquidiócesis de México se lanzó contra los “Gobernadores corruptos” de varias entidades de la República, entre los que se menciona al gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur.

A unas semanas de que concluya su gestión en Tlaxcala, González Zarur enfrenta dos denuncias penales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)  por la supuesta simulación de reintegros por 82.7 millones. Las acusaciones fueron presentadas ante las autoridades de la Procuraduría General de la República en agosto y octubre de 2014.

La ASF ha interpuesto ante la PGR 270 denuncias penales por diversas irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos de origen federal en los gobiernos de los estados, sin que hasta el momento ninguna de las denuncias haya concluido con sanciones hacía los responsables.

El Editorial del semanario Desde la fe, señala que “en el contexto de la transición de poderes, las irregularidades salieron a flote para conocer los gravísimos delitos de quienes sólo pueden ser definidos como gobernadores feudales, déspotas y absolutistas, que se creyeron dueños de los Estados para beneficiarse a sí mismos y a sus amigos, creando redes de nepotismo y criminalidad al amparo del poder desmedido, evidenciando así el fracaso del sistema federal de contrapesos”.

“La megalomanía de estos personajes, su avaricia enfermiza, su indolencia ante la pobreza extrema de sus gobernados, los llevó a cometer abusos de todo tipo, sin que la autoridad federal –conocedora de sus actos delictivos- pusiera un freno a sus excesos de ambición que ahora tendrán que pagar y seguirán pagando por décadas los ciudadanos a los que debieron servir y no explotar y exfoliar como impunemente lo hicieron”, señaló el Arzobispado este domingo.

De entre las denuncias que presentó la ASF sobresalen las que se refieren a las maniobras de autoridades estatales en la simulación de reintegros de recursos federales y a la retención de fondos destinados a los municipios.

Es mayor el número de denuncias de este tipo en contra de los estados de Chiapas y Baja California Sur, con 15 cada uno; Tlaxcala, con 12; siguen Tabasco y Zacatecas con 11 para cada uno de ellos y Guerrero registra 10.

Un documento difundido por la ASF contiene la relación oficial de las denuncias que presentó la máxima instancia de fiscalización entre marzo de 2014 y septiembre de 2016, período en que se presentaron 260 denuncias por diversas irregularidades en la revisión de las cuentas públicas del actual sexenio. Antes se promovieron 10 denuncias que suman 270 en total durante este periodo.

Dentro de la lista, con 56 denuncias penales en su contra, aparece en primer lugar el gobierno de Veracruz,  le sigue el estado de Jalisco con 23 denuncias; Michoacán acumula 21; Morelos 19, y Chihuahua 17.

Entre marzo de 2014 y septiembre de 2016, se presentaron 270 denuncias. En contraste, los gobiernos de Aguascalientes, Durango, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán se mantienen fuera del listado de denuncias presentadas ante el Ministerio Público por el auditor superior Juan Manuel Portal.

Los señalados son Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, Gabino Cué y Miguel Márquez, y los exmandatarios Guillermo Padrés y Rodrigo Medina, que podrían ser enjuiciados penalmente o llevados a un juicio político por el endeudamiento exorbitante y las acusaciones de corrupción, desvíos de recursos federales y estatales, así como de enriquecimiento ilícito en su contra.

A estos personajes se agrega el nombre de Mariano González Zarur, Rafael Moreno Valle, Egidio Torre Cantú, Mario López Valdez, Francisco Olvera Ruiz, Jorge Herrera Caldera, Miguel Alonso Reyes y Carlos Lozano de la Torre, que tendrán que explicar el destino de los recursos que les reclaman.