OCPA señala omisión de FGJE tras envenenamiento de perros

TLAXCALA, Tlax., 27 de mayo de 2026.- Tras los hechos ocurridos el pasado 25 de mayo, que de acuerdo con vecinos de San Matías Tepetomatitlán, al menos 20 perros fueron envenenados presuntamente para facilitar robos a casas habitación, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), instancia encargada de dar seguimiento a este tipo de casos, no ha emitido ningún comunicado al respecto.

Por su parte, la Coordinación de Bienestar Animal del Estado señaló que confía en que “las instancias correspondientes” darán seguimiento puntual al caso. En ese sentido, la reglamentación estatal establece que la FGJE es la autoridad responsable de investigar los casos de envenenamiento animal; sin embargo, la institución no cuenta con un área especializada para la atención de estos delitos.

En entrevista para Quadratín Tlaxcala, Ignacio Martínez, integrante del Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA), señaló que cuando existe crueldad animal como envenenamientos o asesinatos de animales, la instancia competente en materia penal es la FGJE.

A nivel estatal, pueden intervenir tanto la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET) como la FGJE, dependiendo del tipo de infracción. En el caso de la PROPAET, su actuación corresponde al ámbito administrativo y atiende casos de negligencia y maltrato animal, como la falta de atención veterinaria, mantener a los animales amarrados, sin refugio adecuado, con alimentación deficiente o no acorde a sus necesidades, en espacios inseguros, así como la privación de agua y alimento, falta de cuidados, ausencia de limpieza en su entorno y omisiones en vacunación y esterilización.

En tanto, la FGJE interviene por la vía penal en casos de crueldad animal, como mutilación, sustracción, asesinato, tortura, envenenamiento, zoofilia, peleas de perros, atropellamientos, agresiones físicas y abandono.

Por su parte, la Coordinación de Bienestar Animal únicamente tiene la facultad de recibir y canalizar denuncias, mas no de imponer sanciones. Asimismo, las primeras autoridades encargadas de atender los reportes son los municipios, a través de sus reglamentos municipales de bienestar animal, de los cuales 53 de los 60 municipios del estado ya cuentan con uno.

En ese sentido, Martínez señaló que la PROPAET ha informado públicamente que tiene denuncias de este tipo de delitos ante la Fiscalía; sin embargo, consideró que no existe evidencia clara de un trabajo coordinado entre ambas instancias. Como ejemplo, explicó que el OCPA realizó una solicitud de información dirigida a la FGJE, con terminación de folio 0096, para conocer cuántas denuncias por maltrato animal ha recibido la dependencia.

En respuesta, la FGJE informó que, del 1 de abril de 2025 al 31 de marzo de 2026, se registraron 18 denuncias en la región norte de la Fiscalía. No obstante, la región sur señaló no contar con registro alguno de denuncias relacionadas con este tema.

Asimismo, Martínez recordó que en solicitudes de información anteriores la dependencia reportó contar únicamente con tres peritos inspectores para atender diversos asuntos ambientales, entre ellos los casos de maltrato animal. Indicó que esta limitada capacidad de personal repercute directamente en la carga de trabajo de los únicos tres peritos encargados de atender las necesidades de los 60 municipios del estado.

Además, agregó que los municipios suelen aplicar multas de hasta 35 UMAS por maltrato animal; sin embargo, consideró que las sanciones impuestas por la PROPAET, al ser más elevadas, tendrían un mayor impacto y carácter disuasorio que las establecidas a nivel municipal.

En ese sentido, Martínez señaló que el seguimiento que realizan los peritos a los casos registrados, en algunos casos, tampoco es el adecuado. Explicó que la falta de personal especializado puede derivar en una mala preservación de evidencias, investigaciones deficientes y dictámenes poco sólidos.

Como ejemplo, indicó que algunos casos terminan por desestimarse al llegar ante un juez debido a irregularidades en el levantamiento de los cuerpos de los animales. Por lo general, los ayuntamientos suelen responder primero a las denuncias antes de la intervención de la Fiscalía, lo que puede alterar la escena de los hechos y afectar la cadena de custodia.

Entender el maltrato animal es atender la seguridad publica

En cuanto a los hechos registrados, Martínez señaló que lo ocurrido el pasado 25 de mayo debe entenderse como un problema de seguridad pública y no únicamente de protección animal.

“El maltrato animal es la antesala de la violencia social; quienes ejercen violencia contra animales pueden escalar posteriormente hacia agresiones contra grupos vulnerables. Existe una relación entre el maltrato animal y la violencia intrafamiliar”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó que en la Ciudad de México la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) ha documentado que, en zonas donde existen casos de maltrato animal, también se registran situaciones de violencia intrafamiliar.

“Por eso consideramos muy importante que las autoridades pongan atención en estos temas, porque también ayudaría a disminuir la escalada de violencia. Sin embargo, todavía se percibe como un tema secundario; no se le brinda la atención necesaria ni se dimensiona su importancia”.