En peligro comunidades indígenas y defensores del agua: CFJG

“Leyes permiten la violación a derechos humanos, la represión y el despojo. El estado protege intereses económicos”: Méndez Serrano

TLAXCALA, Tlax., 4 de marzo de 2018.-  Con la implementación de la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Biodiversidad y la posible aprobación de la Ley General de Aguas, los defensores de zonas naturales, del derecho al acceso al agua las comunidades indígenas corren peligro señaló la activista y directora del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local (CFJG), Alejandra Méndez Serrano.

Luego de que la integrante del grupo conformado por diversas asociaciones civiles en defensa y rescate de la cuenca del río Atoyac hiciera énfasis en la omisión entre autoridades federales y estatales de Puebla y Tlaxcala para atender la problemática de contaminación, añadió que todas las comunidades indígenas que rodean al Atoyac ahora son más vulnerables.

Y es que, gracias a la ley de seguridad interior infiere que el uso de las fuerzas militares impedirán la defensa de ríos y zona protegidas así como la Ley de Biodiversidad y la posible aprobación de la Ley General de la Aguas, no garantizan la protección de las zonas naturales, permitiendo que las omisiones en la ley sean aprovechadas por las empresas.

“Todas las comunidades nos encontramos vulnerables, la Ley de Seguridad Interior permite el uso de la fuerza pública por si alguien quiere protestar, se está legalizado la violación a los derechos humanos, la represión, el despojo. Pero habrá que ver hacia adelante, porque las comunidades no se están dejando. Tenemos un estado que no le importa ser garante de los derechos, sino que protege intereses económicos”, reiteró.

La activista indica que la aprobación de la ley de seguridad es en contra de los principios rectores y pactos que ha realizado el estado mexicano en materia de derechos humanos, empero la ciudadanía será la que impida se violencia los derechos humanos, así como sea quien proponga soluciones.

Por ello, respecto al rescate del río, Méndez Serrano indicó que en conjunto con asociaciones civiles dedicadas al ate del Atoyac se conformó un plan de saneamiento que contemple cambios en la normativa que mida tanto composiciones de compuestos orgánicos volátiles tóxicos (bencenos, toluenos y xilenos), así como el impacto directo en la salud de la población sumado a un plan emergente de salud, modos de producción, alternativas ecológicas, entre otras medidas.

Sin embargo, al no ser convocados a un grupo interinstitucional comandado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que integre tanto la participación de la sociedad civil como a autoridades federales y estatales, continuarán las acciones aisladas que poco o nada abonen al rescate del río Atoyac y de la población en zonas colindantes.

Argumentó que, a pesar de que los gobiernos locales buscan la implementación de plantas de tratamiento de agua en los municipios, estos son obsoletos pues la mayoría del vertido de desechos tóxicos provienen de las empresas, revictimizando así a la ciudadanía como los principales contaminantes.