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TLAXCALA, Tlax., 18 de julio de 2023.- Los permisos ambientales que se obtienen de manera permisiva por autoridades federales y que son respaldados por municipales y comunales, representan un problema para Tlaxcala y otros estados, donde los taladores clandestinos se respaldan en supuestos desechos de madera por el gusano descortezador cuando no siempre es así, sostuvo la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Blanca Alicia Mendoza Vera, al señalar que esto entorpece las inspecciones y frena las prácticas de daño a los ecosistemas.
En entrevista colectiva, la funcionaria federal, detalló que en el estado de Tlaxcala persiste el llamado “lavado de permisos” en el que alguna autoridad replica estos documentos de operatividad para continuar con las malas prácticas en el medio ambiente.
En este sentido, Mendoza Vera, detalló que la gente está acostumbrada a esas pericias de corrupción con tal de continuar de manera ilegal con la tala en el Parque Nacional La Malinche, entre ellos los talamontes, quienes obtienen permisos para talar árboles sanos haciéndolos pasar por ejemplares enfermos o infectados por el gusano descortezador.
Por ello, la titular de la Profepa, dijo que estos permisos retrasan el actuar de la Procuraduría, pues cuando los inspectores atienen las denuncias de la población, se topan con la presencia de un permiso que les aprueba a los talamontes o quienes atenten contra el medio ambiente operar en el área.
“Cuando hay una denuncia, esta denuncia se analiza y una vez analizada y el área correspondiente de la Procuraduría tiene que mandar que se practique una inspección, estas inspecciones deben tener una orden, dentro del procedimiento para la práctica de las inspecciones, hay una norma que nos obliga a dar cinco días hábiles donde los inspeccionados puedan ofrecer pruebas y poder argumentar lo que pasa, generalmente dicen, “no tengo el permiso” y luego a los cinco días aparece”.
En este sentido, detalló que estos temas ya se abordaron en las mesas de trabajo federal y estatal para poder poner fin a la autorización de nuevos permisos que atenten contra el daño ecológico al medio ambiente.
Finalmente, Blanca Alicia Mendoza Vera, Procuradora Federal de Protección al Ambiente, reiteró el compromiso del gobierno federal a través de esta dependencia para mitigar este tipo de prácticas, que tienen su origen en la corrupción de servidores públicos que otorgan este tipo de documentación de manera ilegal.




