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TLAXCALA, Tlax., 14 de marzo de 2017.- David Peña, representante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social, Asociación Civil, señaló en conferencia de prensa por parte del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), que de 10 desapariciones en Tlaxcala, la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala (PGJE), únicamente se tiene registro una averiguación previa perteneciente al caso de Karla Romero Tezmol ya que, debido a los mecanismos de acción de la PGJE, las denuncias permanecen como actas circunstanciadas por lo que se concluye que de los casos mencionados, no hay delitos qué perseguir.
Del mismo modo exponen que, no es un caso de omisión por parte de quienes están al frente de la procuraduría, sino de un patrón sistemático por parte de la instancia estatal para no iniciar las investigaciones: “En el 100 por ciento de los casos la procuraduría dice No hay delito qué investigar”.
Otro de los patrones sistemáticos de la PGJE, es que, cuando se integran las actas circunstanciadas para iniciar la búsqueda, se presentan pruebas y datos por parte de las familias las cuales, presuntamente y acorde al representante de la organización derivado de los testimonios de las familias y las propias autoridades estatales, desaparecen.
El tercer elemento que el el grupo identificó como un patrón sistemático de la PGJE, es el ocultamiento de información para manipular las cifras, pues acorde al informe obtenido y acorde al Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en su Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, la única mujer con averiguaciones previas iniciadas es Karla Romero Tezmol.
Con esta perspectiva, David Peña concluye que las cifras están manipuladas por parte de la Procuraduría ya que, lo que reporta la PGJE al SESNSP, son actas circunstanciadas y no averiguaciones previas o carpetas de investigación, por tanto no se reportan las desapariciones.
“Se pierden (las pruebas), al interior de la procuraduría; los videos se rompen, se desaparecen y los testimonios se extravían del expediente. Es decir, primero hay un patrón sistemático para no iniciar una investigación exhaustiva y cuando abren estas actas administrativas y la familia aporta los elementos, estos se extravían y se pierden”, señaló David Peña.
En el particular caso de Karla, señalan. El pasado 14 de noviembre de 2016, la familia ganó un amparo que obligaría a la PGJE a iniciar una averiguación previa.
Asimismo, el representante de la AC, comentó que, tras una reunión con el procurador de Tlaxcala, Tito Cervantes Zepeda hace tres semanas aproximadamente, le fue expuesto el caso quien, supuestamente, se comprometió a “tomar cartas en el asunto”, del cual no ha habido cambios al interior de la PGJE y permanecen al frente personas que ocultan información y que han perdido evidencia de las investigaciones.
Por lo anterior, indicó David Peña, el informe sobre el patrón de acción de la PJGE, le fue entregado a Cervantes Zepeda; de este modo, el activista externó que el modo de actuar de la autoridad es preocupante y temen que se prolongue en la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez y se traduzca en impunidad.