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La fecha que tiene el gobierno de Mariano González Zarur, para aceptar las recomendaciones del informe del grupo de trabajo para la solicitud de alerta de violencia de género, es el 25 de noviembre del presente año, además de 6 meses para implementar las recomendaciones y presupuesto, que ahora recaerá en el nuevo gobierno estatal de Marco Mena Rodríguez, de no logarlo entonces el gobierno federal deberá emitir la “Alerta de género para Puebla y Tlaxcala”, que determinará las acciones de prevención, seguridad y justicia para enfrentar esta problemática en la entidad, sostuvieron activistas del Centro Fray Julián Garcés.
En rueda de prensa, la presidenta del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., Alejandra Méndez Serrano y el director de Derechos Humanos, Eloy Muñoz Berruecos, anunciaron que podría emitirse la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
“Las conclusiones son claras, que el Ejecutivo ejecute recursos destinados para la atención a este problema y además el gobierno tiene 15 días que se cumple el 25 de noviembre”, además agregaron “para decir sí acepta o no, si acepta tiene 6 meses para implementar y una de las acciones es el presupuesto para acciones etiquetadas para este flagelo”.
En tanto refirieron, que de no implementar estas 9 recomendaciones por violencia sexual y trata de personas que fueron dirigidas a instituciones del gobierno del estado, entregadas por la Comisión Nacional para Prevenir la Trata y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) entre ellas a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Instituto Estatal de la Mujer (IEM), por actuar de manera ineficiente, será la Federación la encargada de activar la “Alerta de género”, de manera inmediata en los primeros meses del 2017.
Asimismo, evidenciaron que llama la atención que a la fecha no existan averiguaciones previas abiertas por homicidio doloso de mujeres y niñas y no exista una sola averiguación por feminicidio.
Además, indicaron que es preocupante que la PGJE informo al grupo de trabajo que sólo existen 57 denuncias abiertas en el periodo de 2011 al 2016, de las cuales sólo 33 se elevaron al rango de averiguaciones previas y 24 se encuentran en carácter de actas circunstanciadas, cuando la misma institución de justicia informó vía Ley de acceso a la información en el mismo periodo había reportado 200 denuncias, 61 en averiguaciones previas y 131 en actas circunstanciadas, situación que señalaron existe incongruencia en los datos que reporta el gobierno del estado.
Sobre estas 57 denuncias abiertas, refieren este problema concentrado en los municipios del sur, que representan el 72% y sólo un 2% en el centro de la entidad.
En cuanto, a las lesiones por violencia de género el aviso por el Ministerio Público (MP) por parte de la Secretaría de Salud (SESA), fue de apenas 22.2% y en los municipios señalados el informe sea del 5.1%.
Situación que refirieron es grave, toda vez que dado a la operación de redes de trata de mujeres en Tlaxcala, la mayoría de los casos se configura en una dinámica familiar.
Cabe hacer mención, que fue en el mes de septiembre del presente año cuando la Secretaría de Gobernación (SEGOB) federal que aceptó a revisión la solicitud de AVGM para el corredor Puebla –Tlaxcala, quecha por la organización “Todos para Todos”, representada por la ex diputada federal, Violeta Lagunes y en la que se refirió que este problema se observa en 13 municipios de la entidad, principalmente en la franja limítrofe entre ambos estados.
En este estudio, los municipios referidos de Tlaxcala fueron, Tenancingo, San Pablo del Monte, Zacatelco, Teolocholco, Xicohtzinco, Papalotla, Ayometla, Tlaltelulco, Acuamanala, además de Apizaco, Acxocomanitla, Contla y Chiautempan.
Ante esto, los activistas del Centro Fray Julián refirieron que este problema no sólo existe en 13 municipios sino en 35 en la entidad.
En tanto, se formó un grupo de trabajo ante esta solicitud integrada por los especialistas Alejandra Silvia Carreras del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Amalia Cruz Rojo del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Oscar Montiel Torres de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) y Ángel Christian Luna Alfaro, del Colegio de Tlaxcala (COLTLAX).
En Puebla, se integró por un grupo similar de trabajo constituido por la Secretaría General de Gobierno (SGG), a través de la Comisión Nacional contra la Violencia de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJER) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Ante todo esto, el Centro Fray Julián presentó un posicionamiento donde exigieron al gobierno del estado reconozca su fracaso por omisión frente a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y acepte las medidas urgentes.
Asimismo, llamaron al próximo gobierno estatal de Marco Antonio mena Rodríguez y autoridades municipales a que reconozcan la gravedad del problema de la trata en la entidad, además que acaten las recomendaciones hechas por el grupo de trabajo e implementen de manera íntegra la Estrategia de estatal contar a la trata y su Plan sexenal, donde dijeron el gobierno saliente de Mariano González Zarur, fue incapaz de lograrlo.
Y finalmente, anunciaron que se mantendrán observantes de la acción gubernamental frente a estas recomendaciones hechas.