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TLAXCALA, Tlax., 14 de enero de 2022.- Integrantes de las organizaciones “Coalición Mundial de Salud y Vida” (COMUSAV), “México por la Verdad”, “Pro Vida Tlaxcala” y “Juntos Por un Mejor Tlaxcala”, con el apoyo del corporativo legal “Guerrero y Asociados”, presentaron un amparo ante el Poder Judicial de la Federación en contra del decreto aprobado por el Consejo Estatal de Salud que hace obligatorio para la ciudadanía presentar su Certificado de Vacunación y acceder a lugares para desarrollar sus actividades recreativas y escenciales.
El licenciado, Oscar Guerrero, representante del corporativo “Guerrero y Asociados”, calificó de “inconstitucional” a la medida impuesta por el gobierno del estado, pues explicó que el decreto violenta el artículo primero constitucional, enfatizando que a ninguna persona se le puede discriminar por su condición de salud.
“Cómo es posible que a una persona que está vacunada la dejas ingresar y a una que no está vacunada no la dejas ingresar; esa en una condición de salud y existe una total discriminación…además, México es parte de varias declaraciones universales y de varios tratados internacionales que avalan los derechos de las personas y cada quien es libre de decidir si se vacuna o no se vacuna”, explicó.
Mencionó que el amparo es promovido por 300 personas que han denunciado su inconformidad por el decreto que aseguran, atenta contra sus derechos.
En ese sentido, señaló que con dicho recurso se busca la suspensión definitiva del decreto en un lapso de 24 horas.
Por otra parte, Oscar Guerrero comentó que se han registrado casos en Tlaxcala de personas a las que se les negó la atención médica en hospitales por no contar con el Certificado de Vacunación, lo que comprueba que la medida es violatoria de derechos humanos.
“No es un acto de rebeldía y no es un acto de omisión, simplemente le solicitamos a la gobernadora, al secretario del gobierno, al Congreso del estado y al Consejo Estatal de Salud que actúen con responsabilidad”, apuntó.
Finalmente, aclaró que su corporativo no solo está defendiendo a personas que en su legítimo derecho han optado por no vacunarse, pues entre los 300 ciudadanos que han expresado su inconformidad por el decreto, existen personas que cuentan con su esquema completo de vacunación.