Profeco amenaza con cárcel a tortilleros por alza de precio

Un poco más de 20 tortillerías de 65 agrupadas a la Cámara de Regional de la Industria de la Masa y la Tortilla, tienen sello de suspensión de Profeco para comprobar gastos y documentación en la Ciudad de México (CDMX) por el alza del precio de 11 a 12 pesos, les dan 48 horas para cumplir o de lo contrario serán clausuradas y con cárcel.

TLAXCALA, Tlax., 22 de enero de 2017.- Persecución, hostigamiento, multas millonarias y cárcel, son parte de las medidas diarias que emprendió la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) contra industriales de la masa y la tortilla en Tlaxcala, ante el aumento del precio de 11 a 12 pesos por el kilo de su producto.

En rueda de prensa, el presidente de la Cámara de Productores de Tortilla de los estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz, Cruz Mora Avendaño y la secretaria de la misma, Bertha Mora Avendaño, evidenciaron la persecución que son parte los trabajadores de este gremio en la entidad.

Asimismo refirieron, que en las visitas y operativos del personal de la Profeco originadas por el alza en los precios de la tortilla han revisado a 65 establecimientos de los cuales un poco más de 20 les han colocado sellos de suspensión, con requerimiento de documentación que soporten esta alza misma que tiene que ser presentada en un lapso no mayor de 48 horas en la Ciudad de México (CDMX) y no en la entidad.

Pese, a que estos establecimientos tienen sello de suspensión por la dependencia federal les han permitido la venta del producto en cuanto cumplan con estos trámites de solventación de observaciones, de lo contrario se enfrentarán a multas de hasta 25 mil pesos y 10 mil pesos más por cada día de retraso, así como la amenaza de cárcel ante el incumplimiento y penas de hasta 3 millones de pesos (MDP).

Ante este hecho, los industriales de la masa y la tortilla expusieron que las alzas en los insumos les han llevado a hacer este ajuste y no sólo el “gasolinazo” del presidente de México, Enrique Peña Nieto, sino que este último hecho fue “la gota que derramo el vaso”.

Toda vez que refirieron, que los industriales mantuvieron este precio por 4 años y que ante las alzas e inflación que ha originado el aumento de los combustibles decidieron pasar de 11 a 12 pesos el kilo de tortilla.

Asimismo refirieron, que dentro de los insumos en el 2016 el precio de la tonelada del maíz costaba 4 mil 400 pesos y que en este año con los productores la incrementaron en 6 mil pesos, lo que representa un incremento del 25% del total, además de otros insumos que dijo se elevaron a porcentajes de hasta un 20%.

“Si nosotros tuvimos que hacer este pequeño ajuste al precio  de nuestra actividad principal, no fue porque nosotros lo hayamos querido simplemente, sino que nuestros insumos independientemente de los combustibles, gas, gasolina y gas se nos elevaron de un 15 a un 20%, nuestro producto lo hemos ajustado a un margen del 9 al 14%”, sostuvo Berta Mora Avendaño.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Productores de Tortilla de los estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz, Cruz Mora Avendaño, hizo un llamado al gobierno federal y estatal, para que a través de las Secretarías  de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de Fomento Agropecuario (Sefoa), así como de Turismo y Desarrollo Económico (Setyde) y la misma Profeco, implementen esquemas de apoyo para este sector de la masa y la tortilla, para soportar las afectaciones y no requerir de otros aumentos posteriores.

Ello, porque dijeron que la inflación generada por el “gasolinazo” de Peña Nieto está siendo un golpe para la producción de la tortilla no sólo en Tlaxcala sino en el país, de ahí que no descartaron que el precio vuelva incrementar en los próximos meses si el gobierno federal no para las alzas de los energéticos e insumos.

Cabe destacar, que la Cámara de Productores de Tortilla  en Tlaxcala agrupa a 250 industriales tortilleros, de los cuales 65 de estos comenzaron a ser hostigados y presionados diariamente por la Profeco en los municipios de Tlaxcala, Zacatelco, Apizaco, Chiautempan y San Pablo Apetatitlán, los cuales se encuentran en etapa de presentar pruebas ante la CDMX, asimismo 20 de ellos tienen sellos de suspensión y todos con la amenaza de multas millonarios por la dependencia federal.

Finalmente, ambos representantes solicitaron a la delegación en Tlaxcala de la Profeco, evite estos actos de intimidación y persecución contra este sector.