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Alito a Del Mazo: estás en la lista de traidores
TLAXCALA, Tlax., 31 de agosto de 2017.- A cuatro horas de que venciera el plazo para que el Poder Legislativo diera por concluida la dictaminación de las cuentas públicas correspondientes a octubre-diciembre de 2016, este día luego de dos recesos declaró por reprobada las cuentas públicas de los municipios de Apetatitlán, Contla de Juan Cuamatzi y del organismo descentralizado público Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax) debido a la posible afectación al erario público.
Y es que, en el caso del municipio de Apetatitlán, el ex alcalde panista Valentín Gutiérrez Hernández, le fue observado un probable daño patrimonial por la cantidad de 3 millones 858 mil 915.82 pesos. Trascendió que en la pasada legislatura sus estados financieros pudieron ser aprobados debido a que, supuestamente, le habría fue apoyado su hermano y ex diputado, Ángelo Gutiérrez Hernández.
La observación que hizo la actual Legislatura fue en el sentido de que careció de documentación comprobatoria y justificativa; pagos improcedentes o en exceso; deudores diversos; falta de recuperación o amortización de anticipos otorgados a contratista; pasivos que no cuentan con liquidez y disponibilidad para su pago; penas, multas accesorios y actualizaciones por el incumplimiento de disposiciones legales; omisión en la retención y registro de recursos por concepto de inspección, supervisión y vigilancia de la ejecución de obra; faltante de efectivo en arqueo de caja; volúmenes pagados en exceso y vicios ocultos.
En tanto, que el ex alcalde de Contla de Juan Cuamatzi, Filemón Acoltzi Nava no solventó ante la Comisión ni ante el Órgano de Fiscalización Superior las observaciones respecto del probable daño patrimonial, por el monto de 16 millones 166 mil 242.35 pesos, situación que la presunción de un posible desvío de recursos públicos en agravio del patrimonio y hacienda pública de dicho municipio.
Por otra parte, las autoridades municipales de la administración 2014 – 2016 deberán reintegrar la cantidad de 5 millones 106 mil 013.22 pesos, por el incumplimiento en “el pago del crédito fiscal No. 500-63-00-05-01-2016-1491 de fecha 24 de febrero de 2016 emitido por el SAT”.
En ese sentido, el Congreso local instruyó al Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), a formular de manera inmediata la denuncia de hechos ante las instancias competentes para que en el ámbito de su competencia conozcan y resuelvan sobre la posible responsabilidad penal en la que hayan incurrido los servidores públicos de los ayuntamientos antes citados.
Por otro lado, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax), no solventó el posible daño patrimonial por el monto de 3 millones 032 mil 270.35 pesos que representa el 12.7%, respecto del importe devengado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, que fue de 23 millones 943 mil 297.60 pesos.
En ese sentido, los congresistas exhortaron al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, a efecto de determinar las responsabilidades administrativas a que haya lugar en relación a las observaciones que no fueron solventadas de tipo administrativo, mismas que no implican una afectación al patrimonio de dicho ente fiscalizado.
En contra parte, el Poder Legislativo aprobó las cuentas públicas de los entes fiscalizables del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, O.P.D. Salud de Tlaxcala, O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social, Pensiones Civiles del Estado, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral para la Familia, Universidad Politécnica de Tlaxcala, Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, Tribunal Electoral, Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje; todas correspondientes al periodo de octubre-diciembre, del ejercicio fiscal 2016.