No responde Ejecutivo Estatal a recomendaciones de Alerta de Género

Reprochable que MGZ hacia el final de su administración retome promesas que hizo desde su campaña»: Centro Fray Julián Garcés
TLAXCALA, Tlax., a 23 de Noviembre de 2016.

Alejandra Méndez Serrano,  directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C, informó que hasta el momento el Gobierno del Estado presidido por Mariano González Zarur, luego de las recomendaciones realizadas por el grupo de trabajo sobre Alerta de Género, emitidas hace algunas semanas, no ha dado respuesta sobre la adopción de las mismas para combatir este flagelo.

Si bien el procedimiento no obliga a las autoridades estatales a emitir un dictamen público, este cumple su plazo el 24 de noviembre, un día antes de la conmemoración del día contra la violencia en contra de las mujeres, y a través de la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM).

En dado caso de que no haya respuesta, la Secretaría Ejecutiva de la CONAVIM y el Instituto Nacional de las Mujeres tendrán cinco días naturales para decretar la alerta de violencia de género para el estado.

De aceptar las recomendaciones el ejecutivo estatal tendrá seis meses para aplicar las nueve recomendaciones del grupo de trabajo a pesar de la transición de gobierno el próximo 1 de enero. De no cumplir o mostrar nulos avances luego de los seis meses,  la secretaría ejecutiva tendrá 10 días naturales para emitir la alerta de violencia de género.

«Ya no es un acto de buena voluntad, si el gobierno no admite el documento conclusivo la federación atraerá la alerta de género y deberán destinar recursos, programas y acciones que lleven a frenar la violencia hacia las mujeres y la violencia feminicida intrafamiliar, laboral sexual y de trata».

Asimismo, hizo hincapié en que es criticable el hecho de que González Zarur implemente de forma tardía acciones para prevenir y erradicar la trata de personas y concretó en que el gobierno ha incurrido en omisiones para admitir las acciones de legislación para la concreción de marcos jurídicos.

“Es lamentable que en los discursos muestre preocupación y diga que el problema es grave pero en la práctica no se establecen ni programas o proyectos. No hay una voluntad política en el estado para hacer acciones frente a este fenómeno”, concluye Méndez Serrano.