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TLAXCALA, Tlax., 26 de Septiembre de 2018.- Un par de ciudadanos de Tlaxcala solicitan a los diputados locales se inicie el procedimiento de juicio político en contra de la presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, Marlene Alonso Meneses, pues argumentan, la titular de este organismo garante de la transparencia en el estado les ha negado a los ciudadanos su derecho al acceso a la información.
Y explican, de ocho solicitudes presentadas ante el Instituto, curiosamente la presidenta atrajo todos ellas a su ponencia, mismas que congeló hasta por 6 meses sin dar hasta ahora una respuesta a los solicitantes, esto a pesar de que la ley contempla desahogar los recursos en un tiempo no mayor a 30 días.
Los denunciantes, al presentar la solicitud de juicio político en contra de Alonso Meneses argumentan también cómo las desacertadas decisiones tomadas por la Comisionado presidenta del laipTlax, quién de manera unilateral despidió a personal del instituto, ha generado condiciones adversas para efecto de celebrar las sesiones y ha obstaculizado el trabajo interno del propio instituto, provocando un letargo al interior del mismo, pero sobre todo culpan directamente a ella de frenar la respuestas de solicitud de información solicitadas.
Como ejemplo de esto, mencionan el despido aparentemente injustificado del secretario técnico y de asuntos jurídicos del Instituto, lo que provocó que Noel Morales Anastacio ahora duplique funciones, anteriormente sólo ocupaba el cargo de secretario de estudio y cuenta de la ponencia 3, la cual está bajo la responsabilidad de la Comisionada Marlene Alonso.
Sin embargo, a partir de la decisión tomada por la Presidenta, este mismo funcionario es el encargado de la secretaría técnica y de asuntos jurídicos y al mismo tiempo debe desahogar las solicitudes de información que llegan a la ponencia de la comisionada Marlene.
En un documento de 19 hojas entregado ante la secretaría parlamentaria del Congreso del estado de la décima tercera legislatura este 25 de septiembre, los inconformes documentan los expedientes de 8 solicitudes de información, mismos que presentan un evidente retraso, injustificado, en su respuesta de hasta seis meses, violando con esto el artículo 138 de la ley de transparencia y acceso a la información Pública del Estado de Tlaxcala, que a la letra señala:
“El Instituto resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de treinta días, contados a partir de la admisión del mismo, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo de veinte días.
Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones.
A todo este atraso, los quejosos no omiten manifestar su sospecha de que quizá la falta de información de la presidenta Marlene Alonso obedece a estar protegiendo a los sujetos obligados sobre los cuales se está pidiendo información o está actuando de manera parcial, negando información que por ley debe darse a conocer, pues curiosamente, todos los casos de solicitud de información hacen referencia a un mismo ente: Licitaciones y contratos de las obras realizadas en la Universidad Politécnica de Tlaxcala.