Solicitan comisionados de IAIPTlax juicio político contra Alonso Meneses

Suman 34 evidencias de supuestas irregularidades, y conductas inapropiadas de la funcionaria; piden Morones Servín y Cabrera Canales inhabilitación por 10 años contra la presidenta del órgano garante

TLAXCALA, Tlax., a 29 de mayo de 2018.- Por diversas violaciones a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos para el Estado, así como en contra del reglamento interno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales de Tlaxcala (IAIPTlax), los comisionados José David Cabrera Canales y José Francisco Morones Servín promovieron ante el Congreso local una solicitud de juicio político en contra de Marlene Alonso Meneses, actual presidenta del organismo, misma que fue impuesta por los propios diputados de la anterior legislatura.

La solicitud fue girada a la comisión instructora de juicio político y responsabilidad de munícipes, para que sea iniciada una investigación y evaluación de las pruebas documentales aportadas por los mencionados funcionarios y así determinar si Alonso Meneses incurrió en la constitución de inconsistencias al interior del IAIPTlax.

Las pruebas aportadas y consideradas por Cabrera Canales y Morones Servín como causales de juicio político indican que Marlene Alonso incurrió en: Obstaculización en la aprobación de recursos de revisión desde el pasado 5 de enero; Confrontaciones internas que generan desestabilidad al impedir la participación del Consejo Consultivo, designado por el mismo Congreso local: “Marlene Alonso Meneses obstaculiza la verdadera participación ciudadana, violando los principios rectores de este Instituto como lo son: eficacia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia”, declara la solicitud.

A ello, se le agrega el incumplimiento de sus actividades como integrante del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), omisión en el sometimiento a votación de las actas de sesiones, imposición al suprimir asuntos generales de los órdenes del día.

Señalan que Marlene Alonso violenta el derecho a voz y voto de los comisionados aduciendo que estos pretenden presidir y dirigir las sesiones; violación a la ley de transparencia al intentar reiniciar una sesión que previamente fue dada por terminada.

Despidos injustificados, ejercicio indebido de recursos públicos al no existir un programa operativo anual a la fecha no aprobado; nepotismo al estar Marlene Alonso emparentada con el actual Director de Desarrollo Administrativo, entres otras de las supuestas irregularidades cometidas por la presidenta.

Por ello, y con 34 pruebas documentales, entre actas de nacimiento, matrimoniales, evidencias video gráficas y convocatorias de actas de sesión, solicitan al Congreso del Estado sea concedido el juicio político contra la funcionaria, así como la integración de una comisión especial la que se encargue de investigar el caso y de ser responsable, sea destituida e inhabilitada por un periodo de 10 años, según dicta el mandato constitucional estatal en el artículo 109.

Del mismo modo piden la acción conforme a derecho del Ministerio Público en caso de encontrar a Marlene Alonso Meneses responsable del supuesto actual.