Protestan en el ayuntamiento: comerciantes denuncian abusos
TLAXCALA, Tlax., 09 de julio de 2017.- Luciano Pantoja Hernández, envió un oficio al Poder Legislativo por el que pidió al Congreso del Estado de Tlaxcala, exhorté al Jefe del Ejecutivo, Marco Antonio Mena Rodríguez a dar cumplimiento al laudo condenatorio dictado en el expediente laboral 295/2008 que consiste en la reinstalación del actor, así como al pago de las prestaciones al que fue condenado.
El suscrito, refirió que en virtud de que es una obligación del mandatario local contemplada en el artículo 70 fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
El cual refiere “artículo 70, son facultades y obligaciones del gobernador; fracción XI. Ejecutar o mandar ejecutar las sentencias y resoluciones pronunciadas por los tribunales y facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesiten para el ejercicio de sus funciones”.
Indicó, que al negarse a dar cumplimiento al Laudo dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, además “de incumplir con un mandato de autoridad, incumple también con la Constitución Política de la entidad, la cual paradójicamente protesto cumplir y hacer cumplir”.
De acuerdo, al oficio que dio entrada el Poder Legislativo a través de correspondencia en sesión de la Comisión Permanente indica que la negativa ha sido evidente al interponer por medio de procedimiento (…), de pago tan onerosos al despacho contratado, los salarios caídos se han seguido incrementando, y al día de hoy, no le queda más recursos que cumplir cabalmente con el laudo”.
Es por ello, que pidió al Poder Legislativo haga un enérgico exhorto al gobernador del Estado de Tlaxcala, a cumplir con la Constitución, con la Ley, y con el laudo, reinstalando a la parte trabajadora, y pagándole sus salarios caídos, ya que “es muy mal ejemplo del ejercicio del poder, que quien está al frente del gobierno no acate la Ley”.
Al tiempo que solicitó que una vez que se lleve a cabo la reinstalación de la parte trabajadora, se respeten sus derechos humanos y no sea objeto de represalias, persecución, violencia laboral, ni ningún acto que atente contra la dignidad y sus derechos individuales y laborales.