Solicitan juicio político contra alcalde de Apizaco por laudo

Este problema de despido injustificado fue en el año 2011 con un laudo condenatorio en el año 2014, por un monto de 28 mil pesos

APIZACO, Tlax., 26 de noviembre de 2018.- Un asunto laboral y su dilación llevó a solicitar el juicio político contra el presidente municipal de Apizaco Julio César Hernández Mejía y otros funcionarios de esa administración.

Este proceso, que podría causar un daño patrimonial para el municipio, es gestionado por Jorge Alberto Bravo Cabrera, quien fuera responsable del centro del control canino municipal, despedido en la administración de Orlando Santacruz quien pudo arreglar este asunto con sólo 28 mil pesos de adeudo inicial.

El demandante inició a laboral en la administración Reyes Ruíz Peña y fue despedido con Orlando Santacruz, cuando Jorge Luis Vásquez era síndico municipal y su argumento era que no había dinero y ello llevó a convertir esta deuda de 28 mil pesos en la cantidad actual.

En la actualidad, la postura del alcalde Julio César Hernández Mejía ha sido la desconocer si fue buena o mala la labor del trabajador y si fue despedido injustificadamente en el año 2011 con un laudo condenatorio el 6 de marzo de 2014 donde se estableció que fue despedido injustificadamente.

Ante ello, ahora existe un juicio de amparo directo en el Tribunal Colegiado emitido para su resolución de condena.

El monto del laudo fue de 28 mil y con el proceso se fijó en 600 mil pesos y con la actualización por el Tribunal de salarios caídos es un millón 55 mil pesos, definido el nueve de octubre de este año.

Sobre este tema el abogado Héctor Altamirano expuso, “es un daño patrimonial pero es responsabilidad de las autoridades, nosotros estábamos demandando algo justo”.

Y agregó, “todo este tiempo es una lucha incesante y no quisieron negociar y el Juez Primero de Distrito le ordena al presidente municipal una partida especial para que se pague”.

Al respecto sobre el tema del juicio político y el cuestionamiento de ser una venganza, expresó que tuvieron tiempo las autoridades municipales para resolver y no lo hicieron, por lo que refirió que ahora los diputados tendrán que decidir sobre este tema, “lo consideramos porque se han afectado los derechos del trabajador”, ello ante los actos dilatorios.