Suma Tlaxcala 190 delitos electorales en siete años

A nivel nacional se han acumulado 15 mil 224 delitos electorales desde 2012

TLAXCALA, Tlax., a 5 de abril de 2018.- Desde 2012 al último corte en febrero de 2018, han sumado al menos 190 delitos electorales, según el reciente informe sobre delitos del fuero federal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), siendo el periodo de enero a diciembre de 2016 el de mayor incidencia pues se cometieron hasta 104 hechos delictivos.

Durante este periodo de siete años, México es la demarcación que mayor cantidad de delitos electorales ha acumulado con tres mil 241 hechos delictivos; seguido por Ciudad de México (CDMX) con mil 912 casos; Veracruz con mil 388 registros y Quintana Roo con mil 270.

La entidad que menos delitos electorales sumó fue San Luis Potosí con 61 casos; Campeche en segundo lugar con 69; Baja California Sur con 89; mientras Colima en cuarto lugar con 93 y Querétaro con 95.

Del mismo modo, durante las elecciones de 2016, al igual que en Tlaxcala, a nivel nacional fue el periodo con más delitos electorales, llegando a los tres mil 846 casos; a nivel nacional de 2012 a la actualidad suman hasta 15 mil 244.

Así, Tlaxcala se encuentra en el lugar 20 a nivel nacional de los estados donde se han cometido de 100 a 200 delitos electorales; el segundo año con más faltas al código penal federal en materia electoral fue durante 2012 con 48 eventos y en 2017 con 16.

En el extranjero se han cometido, históricamente, dos delitos, ocurridos en 2017.

Es de recordar que los delitos electorales más recurrentes son la recolección de credenciales para votar, la organización de reuniones o el transporte de personas para conminarlos al voto; el condicionamiento de servicios públicos o la entrega de apoyos gubernamentales a cambio de favorecer a ciertos candidatos.

Las amenazas a servidores públicos por parte de sus patrones para obligarlos a votar; la alteración de resultados electorales o el robo de material electoral; el impedir la instalación o aperturas de casilla, la intromisión de los cultos religiosos, la ausencia de diputados y senadores en el desempeño de sus funciones durante una etapa electoral o que magistrados y consejeros electorales asuman cargos de dirigencia partidista o tengan participación por un cargo de elección popular.