Tlaxcala entre los 10 estados más corruptos del país

TLAXCALA, Tlax., 19 de mayo de 2017.- En sesión permanente, a través del legislador César Fredy Cuatecontzi Cuahutle, dio lectura a la iniciativa de reformas a la Constitución Política en materia de combate a la corrupción propuesta por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En la misma, establece la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, quedando como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

“Reformas que aún  se mantienen pendientes en el marco legal de nuestro Estado, fueron el resultado de escuchar las demandas de la ciudadanía en materia de combate a la corrupción, cuyos actos son un lastre que vulnera nuestras instituciones y al Estado de Derecho”.

Y es que, la iniciativa refiere que los índices de corrupción  de Transparencia Internacional, en los países con menores niveles de corrupción son los que tienen el  mayor nivel de desarrollo y  menor equidad.

Se trata de los países como Dinamarca, Nueva Zelanda o Finlandia. En contra parte aquellos con mayor nivel de corrupción tienen menor desarrollo y más desiguales como  Somalia, Sudán del Sur y Corea del Norte. De ahí a necesidad de combatir la corrupción.

En ese sentido, de acuerdo al índice, México se encuentra en el lugar 123 de 176 países, quedando como uno de los 55 países más corruptos del mundo. Con una calificación de 30 puntos, en escala de 0 a 100, México se encuentra por debajo de Honduras y Tanzania, y en el último lugar de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo.

“En nuestro país, de acuerdo con información de México, evalúa, la contratación de obra pública es uno de los puntos de mayor riesgo de prácticas de corrupción. Sin embargo, la prestación de servicios públicos y la impartición de justicia se encuentran subrayados como otros componentes propensos a la corrupción. El Banco de México y el Banco Mundial coinciden en que la corrupción equivale al 9 por ciento del Producto Nacional Bruto, mientras que el INEGI calcula que alcanza un monto de $47 mil millones de pesos al año.

En el caso de la entidad tlaxcalteca ha mostrado un significativo incremento en la percepción ciudadana de corrupción, ya que entre el 2001 y el 2010, el Estado de Tlaxcala pasó de una calificación ciudadana de corrupción de 6.6 a una calificación de 10.2.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta una tasa de 13 mil 174 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes, cifra que se ubica sobre la media nacional de 12 mil 590 y coloca a la entidad en el octavo lugar nacional.

En materia de actos de corrupción, reporta 28 mil 711 por cada 100 mil habitantes en Tlaxcala, ubicando a la entidad entre los 10 estados más corruptos del país, información de acuerdo al INEGI.

Por lo anterior, la necesidad de fortalecer a las instituciones públicas, para otorgar a los habitantes la garantía de que los recursos públicos se realicen con eficiencia, Por lo que se debe implementar estrategias para prevenir los hechos de corrupción.

Por otro lado, a decir de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), afirmó la importancia de incentivar a los empleados públicos, y ofrecer medidas claras, objetivas sobre actos indebidos debido a que son elemento esencial de la corrupción en el sector público.

“Dado que los empleados son generalmente los primeros en reconocer actos indebidos en su área de trabajo, al fomentar y apoyar su denuncia sin temor a represalias, las autoridades pueden facilitar la detección y prevención de actos de corrupción”.

De igual forma, la OCDE refiere que la protección de informantes o denunciantes de hechos indebidos, facilitará los Sistemas Anticorrupción la detección de cobros, de sobornos, de colusión con el sector privado, el mal uso o desvío de recursos públicos, entre otras prácticas que lesionan a la sociedad al quebrantar la confianza que depositan en sus servidores públicos.