Tlaxcala sin ley contra desaparición forzada, solo mecanismos

Cinco estados no han conformado fiscalías o grupos interdisciplinarios dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas

TLAXCALA, Tlax., a 7 de abril de 2018.- Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Morelos, Nuevo León y Querétaro, son las únicas entidades que cuentan con una ley en materia de desapariciones forzadas e involuntarias, esto según un análisis realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), y el resto de las entidades, entre ellas Tlaxcala, solo cuentan con mecanismos.

La desaparición forzada, refiere el documento, son actos cometidos por funcionarios públicos, excluyendo la posibilidad de que: “las desapariciones forzadas sean perpetradas por grupos organizados o particulares que actúen en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o aquiescencia.”

En Tlaxcala, los únicos mecanismos que se han aplicado por parte de la autoridad estatal, señala el documento, son: la realización de gestiones para que sea implementada una unidad de investigación especializada en la búsqueda de personas desaparecidas, así como se cuenta con un grupo interdisciplinario que realice acciones propias para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, no así con un marco legal que permita, el señalamiento a funcionarios públicos que incidan en este delito.

Aunado a ello, las demarcaciones de Guanajuato, Hidalgo, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas no cuentan con algún tipo de organización o apoyo que se dedique a la localización de personas.

En otros estados como Sinaloa, Veracruz, Colima, Nayarit fueron encontrados fallos en sus plataformas de transparencia, lo que impidió conocer sobre la construcción e instalación de una Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desparecidas o en su caso de centros de atención de Personas Extraviadas y Ausentes.

Por lo contrario se encontró que 24 estados cuentan con Fiscalías, Centros de Atención o Unidades que permitan la búsqueda de personas desaparecidas, más no grupos interdisciplinarios como en el caso de Tlaxcala.

Uno de los ejemplos más recordados sobre desaparición forzada fue el ocurrido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero, donde se señaló como principales orquestadores al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, su esposa, así como de la participación de las autoridades policiacas, caso en el cual el ex titular de la Procuraduría General de la República, Ignacio Morales Lechuga, declaró que de haberse definido las acusaciones como desapariciones forzadas, la detención de funcionarios se hubiera agilizado.

Al respecto del caso, a pesar de que Guerrero contaba con una Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas, el ONC, señala que no basta con un marco normativo que atienda una desaparición forzada o involuntaria, sino también de autoridades con voluntad y compromiso de aplicar dicha ley, lo que aplicaría para todos los estados que pretendan conformar una legislación o que ya cuenten con una.