Accesibles en versión pública convenios de Sedena en apoyo a seguridad

TLAXCALA, Tlax., 11 de mayo de 2017.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debe entregar las versiones públicas de los convenios de apoyo a la estructura de seguridad pública de los estados correspondientes al 2016, en los que proteja aquella información que dé cuenta del estado de fuerza militar, la cual se encuentra en el Anexo técnico A de los convenios, determinó por unanimidad el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

También deberá fundar y motivar la inexistencia de los convenios relativos al año 2017, así como los criterios para las operaciones que desarrolla en las ciudades.

Un particular requirió a la Sedena el número de brigadas de la Policía Militar desplegadas en el país; las actividades que desempeñan; conocer si existe la firma formal u oficial de algún acuerdo o convenio con los gobernadores en materia de seguridad pública y, en su caso, en qué consiste el apoyo brindado a las entidades federativas.

En respuesta, el sujeto obligado indicó que contaba con siete brigadas de la policía militar distribuidas en diferentes entidades del país, precisando las actividades desempeñadas, el tipo de personal que las integra y aclaró que no existe una capacitación especializada en materia de seguridad pública para ellas.

Inconforme con la respuesta, el solicitante interpuso un recurso de revisión en el que señaló que no se había dado respuesta a los puntos petitorios concernientes a los acuerdos o convenios suscritos con los gobernadores, el apoyo a brindar a las entidades federativas y los criterios de operaciones a desarrollar en las ciudades.

En alegatos, la dependencia dio a conocer que ha firmado convenios con diferentes estados a fin de que personal militar apoye a la estructura de seguridad pública, pero, declaró que dichos documentos contienen una cláusula que los considera como información reservada.

La ponencia de la comisionada Areli Cano Guadiana solicitó una audiencia de acceso a la información con la Sedena, en la que tuvo a la vista tres convenios en materia de seguridad pública correspondientes a 2016; de 2017 no se contó con ninguno porque aún no se llevan a cabo.

Al exponer el caso, la Comisionada Ponente refirió que de acuerdo con el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018, en algunas regiones del país existe una compleja realidad generada por la presencia de grupos delictivos, destacó la comisionada, elevándose con ello los índices de violencia e inseguridad que afectan a la población en general, razón por la cual se ha requerido la participación de las Fuerzas Armadas para coadyuvar a garantizar la paz social.

Entrado en el análisis, en el proyecto se detalla que el sujeto obligado no emitió respuesta alguna respecto a la existencia de la firma formal u oficial de acuerdo a los convenios de los gobernadores, el apoyo que darán a las entidades federativas y los criterios para las operaciones a desarrollar en las ciudades.

“Si bien los convenios contienen una cláusula de reserva, este no puede estar por encima de las disposiciones constitucionales y legales, de las que se desprende que, en principio, toda la información en posesión de los sujetos obligados es pública, salvo que se actualice algunos de los supuestos de reserva o confidencialidad, previstos en la ley de la materia, siendo como único caso el citado anexo uno, colocando al sujeto obligado en posibilidad de otorgar una versión pública de los convenios, en lo que solo protegerá aquella información que dé cuenta del estado de fuerza”, expuso la comisionada.

Por lo anterior, la ponencia concluyó que el sujeto obligado no proporcionó información sobre lo solicitado.

“La transparencia en este ámbito resulta de primer orden, pues permite a la población en su conjunto conocer las documentales oficiales que, ante la carencia de una norma específica, sirven como parámetro de certidumbre en torno a la actuación de las instituciones militares, al brindar apoyo a las respectivas civiles, encargadas de la seguridad pública, ello, por supuesto cuidando la protección de aquella información que pudiese vulnerar el adecuado desempeño de las estrategias de combate al crimen organizado”, agregó  Areli Cano.

Con relación a los convenios de materia de seguridad pública y el apoyo que se proporcionaría se verían colmados con la entrega de los convenios celebrados en 2016 y 2017, de conformidad con el criterio 0913, emitido por este Instituto.

Por lo anteriormente expuesto, la comisionada propuso modificar la respuesta de la Sedena para instruir lo siguiente:

• Uno: remita al particular versiones públicas de los convenios de apoyo a la estructura de seguridad pública de los estados, correspondientes al año 2016, en los que proteja aquella información que dé cuenta del estado de fuerza de la Sedena, la cual se encuentra en el anexo A, de los convenios, de conformidad con el artículo 110, fracción primera, de la Ley de la materia y emita el acta correspondiente mediante el cual clasifique dicha información, a través de su comité.
• Dos: funde y motive la inexistencia de los convenios relativos al año 2017, así como los criterios para las operaciones que desarrolla la Sedena en dichas ciudades, en las ciudades.