Sheinbaum llama a la unidad en Sesión del Consejo Nacional de Seguridad
· A través del trabajo multidisciplinario de la dependencia, se consiguió que el imputado fuera encontrado culpable.
TLAXCALA, Tlax., 06 de septiembre de 2017.- Gracias a las pruebas aportadas dentro del proceso penal correspondiente por parte del Agente del Ministerio Público, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) consiguió que un Juez Penal condenara a Eduardo N., a 22 años y seis meses de prisión, además al pago de mil 140 días de salario mínimo, ya que se acreditó su plena culpabilidad por el delito de homicidio calificado.
Los hechos que permitieron el fallo judicial ocurrieron el 4 de febrero de 2015, cuando especialistas de la dependencia encargada de procurar justicia, fueron informados sobre la existencia de un cuerpo sin vida en el interior de un taxi sobre la carretera local Santa Justina Ecatepec-Tepetitla de Lardizábal.
De inmediato, el grupo de expertos acudió al lugar de los hechos, donde observaron el cuerpo sin vida en el interior de un taxi de la marca Nissan, tipo Tsuru, color azul, con placas de circulación del estado de Puebla.
Asimismo, los investigadores aseguraron en el lugar al imputado de nombre Eduardo N., originario del Estado de México, quien en su momento confesó haber participado en el homicidio del taxista, por lo que fue puesto a disposición del fiscal por el delito de homicidio calificado.
Posteriormente, los adscritos a la PGJE ejecutaron las diligencias correspondientes del levantamiento del cadáver y recabaron indicios para la investigación.
Es por ello, que como parte del seguimiento oportuno a todas las investigaciones, el Agente del Ministerio Público continuó aportando pruebas dentro de la indagatoria, mismas que comprobaron la culpabilidad del imputado; situación que permitió que el Juez de la causa lo sentenciara por homicidio calificado.
Es así como la Procuraduría de Tlaxcala confirma su compromiso ante la ciudadanía de combatir por todos los medios legales los diferentes delitos de su competencia, con el objetivo de que prevalezca el estado de derecho.