Carente de fundamento jurídico, memorándum presidencial: oposición

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de abril de 2019.- Los grupos parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados, PRI, PAN y PRD, aseguraron que el memorándum firmado por el presidente López Obrador para dejar sin efecto la actual Reforma Educativa, no tiene ningún fundamente jurídico y coincidieron en que pone en riesgo el orden constitucional y el equilibrio de los poderes.

Lo anterior, luego del anuncio que dio este martes el presidente López Obrador sobre el memorándum que dirigió a las secretarías de Educación Pública (SEP), de Gobernación (Segob) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde pide dejar sin efecto la actual Reforma Educativa, mientras se logra un acuerdo con el magisterio disidente.

“El memorándum que firmó el Presidente de la República carece de todo fundamento jurídico, ya que él no puede instruir a dejar sin efecto leyes que han sido aprobadas por el Congreso de la Unión; además de que se trata de una acción unilateral que sienta un mal precedente y pone en riesgo el orden constitucional, así como el equilibro de Poderes”, sostuvo el coordinador del PRI en San Lázaro, René Juárez.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri Riancho, recordó que el dictamen de la Reforma Educativa tiene los consensos en San Lázaro, por lo que responsabilizó al Gobierno federal y a Morena de no poder discutirse y aprobarse en el Pleno porque no logran ponerse de acuerdo con la CNTE, y cuestionó los intereses que puedan haber detrás de este conflicto.

“Ante esta incapacidad del Gobierno federal para ponerse de acuerdo con uno de sus aliados (CNTE), el Presidente pretende suplir, sustituir, relevar al Congreso de la Unión y volverse un gran legislador, simple y llanamente en su párrafo segundo es una clara y manifiesta violación a la Constitución y a las leyes vinculadas a la educación (…). Poner a los Poderes de la Unión en esta tesitura de que el Ejecutivo federal violente el marco constitucional, es un gravísimo precedente.

Mientras que el coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks aseguró que el jefe del Ejecutivo está siendo vencido por la corrupción y por la CNTE, pues está cediendo al chantaje de este grupo magisterial. Coincidió en  que el memorándum que envió a los secretarios de Estado, quienes podrían incurrir en la ilegalidad si lo acatan, jurídicamente es insostenible, “no funda ni motiva, por lo tanto, carece de vigencia jurídica”, y coincidió en señalar que atenta contra la división de poderes.

“Atenta contra la división y la separación de  poderes, y los funcionarios que acaten esta instrucción, que es ilegal, pueden ser sujetos de responsabilidades (…) ¿Cómo podemos tener un presidente que suspende la aplicación de la constitución? No tiene facultades, la constitución se hizo para que el ciudadano pueda defenderse del gobierno, no para que el gobierno ejerza tiranía”, aseveró.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña lamentó esta postura del jefe del Ejecutivo, pues reiteró que asume facultades legislativas que no le corresponden y cede ante los intereses de ciertos grupos del magisterio, por lo que pidió que en lugar de pretender asumir medidas administrativas, mejor se respalde el dictamen que ya fue aprobado en comisiones.

“En materia de política educativa el Presidente está dando palos de ciego en afán de complacer a los grupos en el magisterio que fueron sus aliados en la campaña (…) Es inadmisible que López Obrador pretenda ir en contra de lo establecido en la Constitución y las leyes en materia de educación, del equilibrio de poderes, de las facultades de los estados en este rubro y de la autonomía del INEE; sólo porque no ha sido capaz de construir acuerdos con quienes se oponen a la reforma educativa”, apuntó.

Los tres grupos parlamentarios confiaron en que los secretarios a quienes se dirigió el memorándum, no caigan en la ilegalidad de acatarlo y refieran al presidente que está cometiendo una falta. Específicamente señalaron la experiencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero que, con 19 años como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), conoce muy bien las facultades de la figura presidencial, por lo que confiaron en que “haga entrar en razón y eduque al Presidente en que esto (memorándum) es un despropósito”.