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Funcionarios de la alcaldía rielera fueron captados en un video recolectando firmas y nombres de posibles votantes, en horario de oficina, a favor del candidato a Diputado Federal Humberto Macías
TLAXCALA, Tlax., 26 de Junio de 2018.- Por la supuesta intervención de una autoridad municipal en el actual proceso electoral que se está viviendo en Tlaxcala, y en todo el país, el Presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado, Roberto Lima, a través de Orlando Santacruz Carreño, representante legal del PRI ante la Junta Local del INE, presentó este día ante la Fepade de la PGR una denuncia en contra de autoridades municipales de Apizaco, así como del candidato a Diputado federal por el Distrito Humberto Macías, y también en contra de la Alianza Por México al Frente.
Y es que, como se recordará, el pasado lunes, a través de diversas redes sociales, se hizo circular un video, con una duración de poco más de un minuto, en donde claramente se pueden apreciar como trabajadores del ayuntamiento de Apizaco están juntando nombres de personas que serán posibles votantes a favor de quienes aspiran a ser legisladores de la Alianza Por México al Frente.
El video, al parecer, se grabó en las instalaciones de la presidencia municipal rielera y en él se puede ver a algunas personas, supuestas funcionarias del ayuntamientos, pues se les ve en los escritorios de la alcaldía y atendiendo a unas personas, quienes tienen en sus mesas de trabajo tienen unos papeles, que se presumen son las famosas listas de posibles votantes a favor de los candidatos del Partido Acción Nacional.
Se puede apreciar además que los formatos pertenecen al equipo de campaña del candidato a diputado federal por el distrito 1, con cabecera en Apizaco, Humberto Macías Romero, y también se aprecia una segunda hoja en la que se alcanza a leer el número 4 en números romanos, formato ligado al parecer al candidato Pablo Badillo Sánchez.
Ante estos videos, este día el representante legal del PRI ante el Instituto Electoral de Tlaxcala, Orlando Santacruz Carreño, se apersonó ante la Fepade de la PGR para denunciar el hecho en el cual “presuntamente una servidora pública del municipio de Apizaco, en la oficina, en día hábil y en horario laboral, está recibiendo listas con fotos del candidato a diputado federal por el distrito 1, Humberto Agustín Macías Rivera”, dijo el abogado.
Y agregó que al parecer la recolección de firmas está sucediendo en la planta baja del palacio municipal de Apizaco.
Por lo anterior es que la denuncia fue presentada en contra del candidato a Diputado, Humberto Macías, así como en contra del alcalde de Apizaco, Julio César Mejía Hernández, quien como se recordara en su momento se asumió como el coordinador de campaña de Ricardo Anaya en Tlaxcala.
También el PRI denunció al Secretario del Ayuntamiento por ser el responsable del actuar de los trabajadores de esta alcaldía, asimismo en contra de la trabajadora que aparece en el video, quien responde al nombre de Rosa Muñoz Yáñez, y por supuesto la demanda incluye a la alianza Por México al Frente y a quienes resulten responsables.
Los denunciantes presentaron ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales el video donde se ve a la trabajadora juntando las firmas, fotografías del mismo hecho, el audio del propio video y dejaron abierta la posibilidad de seguir aportando más elementos, de acuerdo a como los vaya pidiendo la autoridad.
Aunque, como señaló el abogado Santacruz Carreño, el video es explícito y los elementos que contiene, en donde se demuestra que es una servidora pública en horario hábil y en su oficina la que está trabajando a favor del candidato del PAN, deberían ser elementos suficientes para acreditar conductas antijurídicas previstas en la legislación Federal electoral.
Y tras señalar que la impartición de la justicia está en manos del Ministerio Público y de un Juez, una vez que se analicen las pruebas, el representante legal del PRI recordó que el delito por el cual se denuncia a los servidores públicos, de acuerdo a la Ley electoral, no tiene nombre, sino más bien debe apegarse a un catálogo de conductas y en función de los hechos la autoridad será quien encuadrará las acciones y determine el delito.
Sin embargo, no descartó que una vez que el juez determine la conducta del delito, la sanción puede variar, pero hizo saber que el castigo más grave podría ser la destitución de los servidores públicos y de las personas que resulten responsables.