Dirige CNDH recomendación al Gobierno de Chiapas por muerte de 2 presos

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de abril de 2019.- La insuficiencia de personal de seguridad y custodia y la tardía reacción de las autoridades penitenciarias para atender una riña en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (Cereso) 3 en Tapachula, Chiapas, que derivó en la muerte de dos internos y cuatro personas más lesionadas, fue el origen de la Recomendación 13/2019 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la dirigió al Gobernador de la entidad, Rutilio Escandón Cadenas.

CNDH constató que, a pesar de que se tuvo conocimiento de estos hechos y que se encontraban en riesgo la seguridad y la vida de los internos y de las personas que ingresaron a la visita, no se actuó con prontitud y bajo los protocolos específicos para hechos violentos ante la falta de personal penitenciario, autoridad y control en el Cereso.

La Comisión Nacional documentó que la falta de personal y el autogobierno que imperan al interior del centro fueron factores detonantes para la pérdida de control, al no existir medidas que permitieran resguardar la vida de la población recluida, lo que permitió que un grupo de internos pertenecientes a otros dormitorios ingresaran a donde se encontraban las víctimas, dado el acceso y deambulación de la población penitenciaria a diversas áreas del Cereso.

Se evidenció la omisión de las autoridades del estado de Chiapas para garantizar la integridad personal de los internos en el Cereso, el incumplimiento de la obligación de implementar medidas preventivas y correctivas lo que derivó en la inseguridad e incumplimiento de asegurar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, en específico de las privadas de la libertad.

Acudió al centro penitenciario a realizar recorridos y entrevistar a los heridos y autoridades, constatando los daños y las condiciones que persisten en el penal, así como la violación a los derechos a la vida, a la integridad personal, al trato digno y a la reinserción social de las personas privadas de su libertad.

Ha señalado en los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria (DNSP) de 2015 a 2018 que el Cereso no cuenta con las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la reinserción social y persiste el autogobierno, lo que genera violencia al interior del mismo, y destaca que un sistema penitenciario estable debe integrar la seguridad, control y justicia como parte de la obligación de las autoridades penitenciarias para evitar que el orden colapse, procurando trato equitativo y respetuoso a los derechos humanos.

Por lo anterior, la CNDH recomienda al Gobernador del Estado de Chiapas atender las condiciones negativas señaladas por el DNSP y garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal, trato digno y reinserción social de los internos del Cereso y de sus familiares, incrementando el personal de seguridad y custodia; elaborando programas para erradicar el autogobierno y clasificar a la población penitenciaria en términos de lo dispuesto en el artículo 18 Constitucional; brindar atención psicológica a los familiares de los internos fallecidos en términos de la Ley General de Víctimas y de la Ley de Víctimas del Estado de Chiapas.

De igual manera asignar recursos presupuestales, materiales y humanos al sistema penitenciario de Chiapas para garantizar a los internos el derecho a la vida, a la integridad personal, trato digno, a la reinserción social y condiciones de gobernabilidad. Así como colaborar con la CNDH en la queja y denuncia que promueva ante los Órganos Internos de Control y Fiscalía General para investigar la actuación de quien o quienes resulten responsables, por lo hechos del 21 de octubre de 2018.