Mudos e indiferentes CEDH y Legisladores ante agresión a periodistas

Llaman a que se resguarde la integridad de los comunicadores ante amenazas y agresión de presidentes municipales y otras autoridades al ejercicio periodístico.

TLAXCALA, Tlax., 14 de noviembre de 2019.- Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y activistas, criticaron el silencio e indiferencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de los diputados de la 63 Legislatura local, ante las agresiones y amenazas que han proferido presidentes municipales a periodistas y otras personas.

En rueda de prensa, dieron un posicionamiento contra estas medidas de agresión y detrimento contra la libertad de expresión, principalmente de los alcaldes en el abuso de la autoridad hacia los periodistas e incluso contra personal de sus propias administraciones.

Al respecto, Silvia Nava Nava de la organización Todos por Todos y representante de Tlaxcala ante consejo consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), evidenció diferentes casos de presidentes municipales que en prácticas de autoritarismo totalitario incurren en violación a los derechos humanos y cuando estos han sido denunciados públicamente por los comunicadores, los munícipes recurrieron a la amenaza intimidatoria.

Acompañada de Yenny Charrez Carlos, de la organización Mujeres con Poder y de Mujeres con corazón, entre otras activistas evidenciaron casos de agresión e intimidación de los alcaldes contra los comunicadores.

El caso más inmediato, fue el del presidente municipal de Tequexquitla, Óscar Vélez, quien a través de una llamada telefónica amenazó a la directora del periódico Agenda Tlaxcala, Judith Soriano Cázares, por la publicación de una nota informativa de la detención de un supuesto hermano, involucrado por el robo de combustible en el municipio de Calpulalpan.

Este dijo, fue un hecho donde las autoridades simplemente guardaron silencio y se hicieron indiferentes pese a que representan amenazas no solo contra el ejercicio periodístico sino contra la integridad de los comunicadores.

“Existen personas que comenten un delito y se atreven intimidarlos a través de la comunicación directa o a través de una agresión personal, significa una agresión a la sociedad, una agresión al derecho humano, al acceso a la información y una agresión al derecho de libre acceso a la profesión que es este caso la tarea del periodismo y la comunicación”.

Además agregó, “el caso del presidente municipal de Tequexquitla que se atrevió a amenazar y a intimidar de manera particular a una comunicadora, Judith Soriano Cazares, de las acciones que muchas autoridades han ejercido y que no se visibilizan porque la mayoría al no tener el respaldo o a no tener el respaldo de la sociedad no denuncia y entonces opta por buscarlo de una manera saludable a no darle una menor valía”, dijo.

No obstante, evidenció que este no ha sido el único caso de intimidación y agresión al ejercicio periodístico, sino que existen otros abusos de poder como el del presidente de Chiautempan Héctor Domínguez quien alentó y convocó a sus seguidores a un linchamiento contra la diputada local María Félix Pluma.

El caso de Zitlaltepec donde los recursos públicos son utilizados de manera inadecuada y con abuso del poder además agregó, “preocupa hondamente Panotla, donde ya llegó el presidente municipal al punto de que no le interese y tiene un cinismo permanente sobre todas las notas y que el ejercicio periodístico denota y que no tiene ninguna repercusión”, ello en el último de sus escándalos donde fue captado besando a una menor de edad en la Feria Tlaxcala.

En Apetatitlán dijo, en la víspera el alcalde secuestró en las instalaciones de la presidencia a la tesorera, por no dar un aumento salarial a una persona que el alcalde asignó de manera indiscreciones.

Otro más de los abusos refirió se comenten en Huamantla, donde el alcalde por un desacuerdo con el manejo de los recursos públicos este representante popular utilizó a los policías para actuar contra algunas de las funcionarias municipales.

Todos estos casos fueron hechos públicos por los periodistas y coaptados por los mismos presidentes municipales, por ostentar el poder, de ahí que las activistas reclamaron a las autoridades estatales, legislativas y de derechos humanos, a actuar para garantizar el libre ejercicio de la comunicación y la integridad de los periodistas.