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CIUDAD DE MÉXICO, 30 de septiembre de 2020. — Para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cada Poder debe asumir sus responsabilidades, y dejó en claro que independientemente de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los juicios a los ex mandatarios, él buscará que se consolide en el país un auténtico Estado de Derecho.
Durante la conferencia matutina de este miércoles en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo descartó que la discusión de los magistrados del Máximo Tribunal deba centrarse en presuntas violaciones a los derechos humanos.
“Es un asunto que no debe considerarse como argumento fundamental, porque no hay violación de derechos humanos, no existe ninguna violación a los derechos humanos”, apuntó.
Puntualizó que en la solicitud que envió al Senado de la República se establece que si el pueblo de México lo decide, que se aplique “el debido proceso, que los acusados tengan el derecho a la defensa y que no se les violen sus garantías”.
“Si resulta que por eso no se puede llevar a cabo la consulta pues tendríamos que plantearnos dos cosas: ¿una para qué está ese artículo en la Constitución?, es una simulación, es letra muerta, ¿y olvidarnos de eso?”, dijo.
“Tengo la responsabilidad de buscar que en México, porque fue mi compromiso, se lleve a cabo la consulta ciudadana y otros métodos democráticos, el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, todo lo que tiene que ver con la democracia participativa”.
Reprochó que “fue muy vergonzoso lo que sucedió en el Gobierno anterior”, en relación a los presuntos sobornos que se investigan para que legisladores federales aprobaran las reformas planteadas por el ex presidente priista Enrique Peña Nieto.
“Yo me deslindo y que cada Poder asuma su responsabilidad, y en este caso va a ser el Poder Judicial el que tiene que decidir”, resaltó sobre la discusión que se tendrá este próximo jueves en la Corte sobre los juicios a ex presidentes de México.
Refirió que de avalarse por la SCJN intervendrá la Fiscalía General de la República, los jueces y con la finalidad de que se restablezca un “auténtico Estado de Derecho”.