15 informe de actividades “Compartiendo en Comunidad la Esperanza"

Este es el XV informe de actividades del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., el cual dedicamos al Pbro. Rubén García Muñoz, quien desde los inicios del Centro ha sido un pilar para el fortalecimiento de estos procesos por la vivencia de los Derechos Humanos.
Agradecemos la presencia de todas las personas, sacerdotes, religiosas, personas de la academia, periodistas, comités, organizaciones civiles y redes nacionales que nos acompañan. Agradecemos por su puesto la amabilidad para comentar nuestro informe a Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a Edgar Cortéz Morales, Presidente del Consejo Directivo del Centro Fray Julián Garcés. Gracias también a Monseñor Francisco Moreno Barrón, ex obispo de Tlaxcala y actualmente Arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana, quien ha respaldado nuestros trabajos en defensa de los Derechos de los Pueblos y la Dignidad Humana.
Hace 15 años que el Centro Fray Julián surgió del proceso de diagnóstico de las comunidades congregadas en la Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala, con la misión de Construir una Esperanza, ante las realidades de violación a derechos humanos en el estado de Tlaxcala, especialmente ante los daños a la salud por la contaminación del río Atoyac y ante la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. El Fray Julián no es solo un equipo operativo, somos los comités de derechos humanos, grupos pastorales, redes y organizaciones, quienes juntos y juntas hemos impulsado estas luchas, construyendo un movimiento que camina en comunidad con aciertos y desaciertos, que camina en la incertidumbre pero con la certeza de que alcanzaremos la utopía, ese lugar donde no hay mujeres explotadas, donde los ríos son plenos y donde no existe muerte por su contaminación. Por eso hoy todas y todos celebramos estos 15 años de “Compartir en Comunidad la Esperanza, hacia la Justicia y la Paz”
El presente informe comparte el trabajo que hacemos para contribuir a la erradicación de dos de las principales problemáticas que continúan lacerando gravemente la Dignidad de la Personas, de los pueblos y de la Madre Tierra en Tlaxcala, la Trata de Mujeres y niñas con fines de explotación sexual y los daños a la salud por la contaminación del río Atoyac.
Presentaré nuestro informe en 3 puntos.
1. La esperanza comunitaria de que el río Atoyac resucitará
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El sistema capitalista quisiera que renunciáramos a la vida digna, que la madre tierra no fuera esencia en nuestras vidas, que la memoria histórica se perdiera y con ello el recuerdo de un río vivo, lleno de peces, de plantas, de agua para los cultivos y de vida misma para nuestros pueblos. Como comunidades no estamos dispuestas a renunciar ni a la vida, ni a la memoria, por ello continuamos los procesos de acompañamiento a la Coordinadora por un Atoyac con Vida y la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos, con la esperanza, entendida teológicamente como la certeza de que un día ocurrirá, que el río Atoyac resucitará para continuar su misión de dar vida y esperanza a las comunidades aledañas.
Después de 6 años de que la Coordinadora por un Atoyac con Vida acompañada por el Centro Fray Julián Garcés, presentara ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la queja CNDH/6/2011/9437/Q, “por actos y omisiones en perjuicio de los habitantes de los municipios de Tepetitla, Nativitas, Ixtacuixtla, Texmelucan y Huejotzingo, por la contaminación ambiental de la sub cuenca hidrológica del Alto Atoyac, particularmente de los ríos Atoyac y Xochiac y su afluentes, derivado del crecimiento industrial”, por fin el pasado 22 de marzo, la CNDH emitió la Recomendación 10/2017, dirigida a autoridades de los tres ámbitos “Sobre la violación a los derechos humanos, a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información, en relación con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes; en agravio de quienes habitan y transitan en los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en el estado de Puebla; y en los municipios de Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, en el estado de Tlaxcala”.
La recomendación, otorga la razón a la “Coordinadora Por un Atoyac con Vida” en sus denuncias y evidencia la simulación del Estado con información que las dependencias gubernamentales encargadas del saneamiento del río Atoyac remitieron a la CNDH. Se documenta que desde hace 22 años existen estudios que muestran presencia de contaminantes, entre ellos metales pesados en altas concentraciones como el plomo, cromo y cadmio, compuestos orgánicos volátiles como el cloroformo, bromoformo, cloruro de metileno, tolueno y benceno que repercuten no solo en la contaminación del río, sino en la salud de las personas que habitan en la ribera del río Atoyac, en muchos casos llegando hasta la muerte. Esta situación al paso del tiempo se ha ido agravado, de tal forma que al día de hoy hay presencia de metales pesados extremadamente tóxicos, solventes, además de la presencia de 51 compuestos orgánicos volátiles, de los cuales algunos de ellos han sido clasificados como potencialmente cancerígenos. La existencia de sustancias no contempladas en la Nom-001 Semarnat 1996. Evidencia que la norma ambiental es débil pues aunque se cumpla con ella no se logra la restauración del Atoyac, por lo que es necesario adecuarla o en su caso proponer mecanismos de medición más eficientes.
La simulación ha sido sistemática de parte de las autoridades, y así lo demuestra la Recomendación, la cual señala que desde el año 2006 existen convenios de colaboración entre la CONAGUA, los municipios y gobiernos de los Estados de Tlaxcala y Puebla para
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implementar programas de saneamiento de los ríos Atoyac, Zahuapan y Alseseca, posteriormente en 2007 nuevamente se firmaron convenios que fueron ratificados en 2009 y 2011, sin que en la actualidad se puedan constatar cambios en beneficio de las comunidades afectadas, ya que los acuerdos que establecen las instituciones gubernamentales, quedan solo como buenas intenciones plasmadas en un papel, al no colocar plazos de cumplimiento e indicadores de resultados ni presupuestos que lleven a bajar los índices de contaminación.
Es sumamente indignante que la Conagua no realice las suficientes visitas de inspección y cuando las realiza, únicamente establece procedimientos administrativos ya que de 2005 a 2015 en el estado de Puebla solo se realizaron 43 visitas, de las cuales 27 dieron origen a procedimientos administrativos; mientras que en la delegación de Tlaxcala en el periodo de 2005 a 2016 solo se realizaron 12 visitas, de las cuales instauró 10 procedimientos administrativos, que se centran en el pago de multas sin que la autoridad tenga una vigilancia permanente para garantizar que tanto las industrias como los municipios no contaminen más, por lo que solo se queda en un pago por contaminar.
La recomendación genera precedente al afirmar que la exposición crónica de la población a los tóxicos presentes en el río, la hace vulnerable a contraer enfermedades terminales como el cáncer o la insuficiencia renal.
Entre otras cosas la CNDH recomienda que se lleve a cabo la celebración de un convenio y/o acuerdo de cooperación técnica entre la Semarnat, la Conagua, la Profepa, la Cofeprist y los gobiernos de los estados de puebla y Tlaxcal y los municipios colindantes con el río Atoyac, Xochiac y sus afluentes y las empresas que descargan sus aguas residuales a los citados cuerpos de agua o a las redes de alcantarillados municipales, así como con las organizaciones de la sociedad civil con el objeto de elaborar e implementar un programa integral de restauración ecológica de la cuenca del alto Atoyac.
Así mismo, recomienda que se realice un diagnóstico toxicológico permanente de los riesgos y daños a las salud de la población que puedan tener su origen en la exposición en los contaminante presentes en los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes, que permita identificar a las población que presenta signos de afectaciones a la salud por la exposición aguda crónica a los contaminantes reportados en los citados ríos, con mayor énfasis en la población de mayor riesgo.
Desde la Coordinadora por Atoyac con Vida, la Red en Defensa de los Pueblos, los grupos de Pastoral Social, apoyados por la academia, estaremos pendientes de que las autoridades señaladas cumplan con las recomendaciones establecidas.
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2. Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, en búsqueda de la Justicia y la Paz
A lo largo de estos 15 años el trabajo que colectivamente hemos realizado ha obligado a las autoridades a reconocer este problema, no ha sido una tarea fácil pues sistemáticamente nos hemos enfrentado a gobiernos que buscan negarlo, minimizarlo o como sucedió con el anterior gobernador de Tlaxcala, Mariano González sólo simuló enfrentar el problema, ya que durante su periodo no disminuyó sino por el contrario se acrecentó. Actualmente se presenta en 35 municipios1.
Como resultado de la presión ciudadana, en 2011 se aprobó la Estrategia Estatal contra la Trata y su Plan Sexenal, sin embargo a lo largo de la administración de Mariano González no hubo la voluntad para implementar las políticas públicas de prevención del delito, la atención y protección de las víctimas, así como la sanción para quienes delinquen.
Durante 2015 y 2016 documentamos las acciones realizadas por parte del gobierno para el combate contra la trata de personas, lo que nos lleva a afirmar que incurrió en omisión y graves violaciones a los derechos humanos. A continuación les compartimos algunos datos, mismo que podrán encontrar de manera más amplia como un informe especial:
- A pesar de la obligación que tiene el gobierno por informar de las acciones que realiza, siempre nos encontramos con una cerrazón, más aún el ocultamiento de información, esto lo constatamos a partir de una solicitud de información a las instituciones que integran el Consejo Estatal contra la Trata sobre las acciones realizadas para prevenir el delito como parte de la Estrategia Estatal, el Consejo Estatal contra la Trata, en sesión del 15 de agosto de 2014, determinó sin mayor fundamento reservar la información por 12 años, lo que en su momento fue validado por la entonces Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el estado de Tlaxcala (CAIPTLAX). Ante ello tuvimos que llegar hasta un amparo, obteniendo una sentencia favorable por parte del Juez Tercero de Distrito en el Estado, el 30 de marzo de 2016 determinó que debía hacer pública la información de las acciones que el gobierno realiza para el cumplimiento de la Estrategia Estatal contra la Trata. - Durante el periodo de González Zarur se interpusieron 200 denuncias, de las cuales 70% quedaron en Actas Circunstanciadas (A pesar de que este delito se persigue por oficio), 30% como averiguaciones previas y del total de denuncias solo el 6.5% alcanzaron sentencia. Lo que evidencia que no hay acceso a la justicia para las víctimas. - Se simuló la investigación y persecución de lugares de explotación, ya que el gobierno del estado de Tlaxcala señaló públicamente, la clausura de “264
1 Diagnóstico de Percepción Ciudadana sobre Trata de Personas en Tlaxcala, realizado por el Centro Fray Julián Garcés en 2014
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establecimientos dedicados a la trata de personas con fines de explotación sexual”, sin embargo no existió un solo lugar en el que se aplicara la Ley de extinción de dominio, por haberse comprobado la comisión del delito o ser producto de él. - El gobierno tiene información clara de los municipios de alto riesgo. Debido a que sabe de dónde son las víctimas y de dónde son los tratantes, así lo refirió la PGJE en la información proporcionada vía la Ley de Acceso a la Información. Las víctimas son originarias de los municipios de Acuamanala, Xicohtzinco, Quiléhtla, Teolocholco, Tenancingo, Zacatelco, Papalotla y San Pablo del Monte e identificaron a víctimas originarias de los estados de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Guanajuato, Morelos y el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México). En tanto los tratantes provienen de los municipios de: Tenancingo, San Pablo del Monte, Acuamanala, Zacatelco, Apizaco, Contla de Juan Cuamatzi, Calpulalpan, Teolocholco, Papalotla, Xicohtzinco, Totolac y Xaloztoc. - No existe la implementación de una política pública educativa de prevención que integre la totalidad de municipios del Estado, así lo señalaron profesores de escuelas del sur del Estado. Resulta grave ya que desde el años 2011 ya lo contempla la Estrategia Estatal contra la Trata y más aún el delito se ha extendido a 35 municipios. - El gobierno del estado no coordinó acciones a nivel municipal. A los municipios de Tetlanohcan, Mazatecochco, Tlaxcala, Quilehtla, Ayometla, Acuamanala, Teolocholco, Tlaltelulco, Chiautempan, San Pablo del Monte, Papalotla, Xicohtzinco, Zacatelco, Axocomanitla y Tenancingo, considerados con los mayores índices de trata de mujeres y niñas en Tlaxcala, se les solicitó información del periodo comprendido entre enero de 2013 a Mayo de 2016 sobre las acciones emprendidas ante la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual; procesos de capacitación a su personal en materia de prevención y detección de la trata; su participación en actividades convocadas por instituciones del gobierno del estado; así como el número de establecimientos a los que han otorgado licencia en el giro de bares, centros botaneros, hoteles, moteles y auto hoteles. De los 15 municipios a los que se les solicitó información 4 no la han entregado. Y de los que sí entregaron se pueden llegar a las siguientes conclusiones: a. La mayoría de municipios consideran que no les corresponde realizar ninguna labor ante el delito de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual ya que no les corresponde detener a los tratantes. Es de resaltar que en el imaginario de las autoridades las acciones contra la trata solo es “…función única y exclusiva del Ministerio Público”, sin entender que también existen acciones de prevención, atención e investigación que les obliga a realizar el actual marco jurídico. b. 10 de 11 municipios que respondieron, refirieron no haber recibido capacitación en el tema y el único que recibió capacitación ha sido solo para personas de Seguridad Pública.
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c. Solo un municipio de los 11 que respondieron, mencionó haber ejecutado acciones en coordinación con alguna institución del gobierno Estatal. d. De la información sobre hoteles, moteles, autohoteles y botaneros, del año 2014 a 2016, se obtuvo que en este periodo se otorgaron licencias para: 20 hoteles, 20 autohoteles, 35 moteles, 203 bares y 73 botaneros. Preocupa particularmente el caso de Teolocholco donde se informó que el número de licencias otorgadas en el periodo señalado fue para: 11 hoteles, 3 autohoteles y 19 moteles, ya que el municipio se ubica en el corredor principal de explotación de mujeres y niñas, y no se caracteriza como un municipio turístico.
Esta actitud sistemática de impunidad y simulación de la autoridad, generó un agravamiento del problema, al grado de que la organización poblana Todos para Todos A.C., solicitó para Tlaxcala la Alerta de Violencia de Género por Violencia Sexual y Trata de Personas, la primera en todo el país.
Como Centro Fray Julián Garcés, en coordinación con las Organizaciones Impulsoras de la Iniciativa Popular acordamos dar seguimiento al desarrollo de la solicitud, vigilando y dando nuestro posicionamiento público en las diferentes etapas.
Es preocupante que desde la aceptación de las recomendaciones por parte del gobierno estatal, el 24 de noviembre de 2016, las acciones que se han venido haciendo no tienen la contundencia necesaria para enfrentar el delito, más aún se mantiene una política de simulación. En los últimos cuatro meses el gobierno estatal ha anunciado diversas acciones en el marco de las recomendaciones realizadas ante la solicitud de la AVG, dejando de lado la política pública aprobada en la Estrategia Estatal contra la Trata y su Plan Sexenal, que ante la realidad siguen siendo vigentes y necesarios en su aplicación. Tan es así que el pasado 4 de Mayo el gobernador presentó una iniciativa parara derogar la Ley para Prevenir la Trata de Personas en el Estado de Tlaxcala, lamentamos que la propuesta realizada sea un corte y pegue de la Ley General sin un previo análisis que permita determinar una progresividad para la ley estatal. Algunos ejemplos que muestran la regresividad de la iniciativa de Ley son los siguientes: 1) La iniciativa plantea nuevamente la elaboración de un Programa Estatal “para establecer la política del Estado en materia de trata” (sic) en un periodo de seis meses, a partir de la aprobación de la nueva Ley, lo que elimina de facto la Estrategia Estatal contra la Trata; 2) además limita la participación ciudadana, al disminuir el número de organizaciones que participan en el Consejo Estatal; 3) No retoma de la Ley General la inclusión de representantes del sector académico; 4) de igual manera se proponen obligaciones para el estado y los municipios, que ya de por sí están establecidas en la Ley General contra la Trata.
Hoy, 24 de mayo, se cumple el plazo de los 6 meses para que el gobierno del estado presente avances sobre las 9 propuestas hechas por el grupo de trabajo que da seguimiento a la AVGM. Más allá de las cifras que pudiera presentar manifestamos nuestra profunda
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preocupación dado que durante los últimos seis meses ha habido al menos siete casos de feminicidio.
Desde el Centro Fray Julián Garcés consideramos que para avanzar en la erradicación de este delito es urgente la política pública de prevención, tal como lo establece la Estrategia Estatal y que es retomada en las propuestas del Grupo de Trabajo que da Seguimiento a la Solicitud de la Alerta de Violencia de Género de “Diseñar una estrategia educativa transversal en materia de derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género y trata de personas, que tenga como objetivo transformar los patrones culturales y enseñe a las niñas, niños y adolescentes, entre otras cosas, a identificar la violencia, prevenirla, no generarla, no reproducirla y denunciarla” esta acción se debe implementar en todos los niveles de educación en el Estado. Sin embargo en la práctica y hasta la fecha los mismos profesores han referido que no existe un programa educativo de prevención que cumpla con la propuesta.
Frente a estas realidades que pisotean la Dignidad de los pueblos los Comités de Derechos Humanos, grupos de Pastoral Social, organizaciones civiles, redes de jóvenes y personas comprometidas, además de evidenciar y exigirle al gobierno que asuma su responsabilidad, hemos actuado en nuestras comunidades fortaleciendo acciones diversas que van desde la organización de congresos, foros, rosarios, horas santas, pláticas comunitarias, actividades culturales, encuentros de jóvenes, talleres en escuelas, etcétera, para contrarrestar el pisoteo a la dignidad de las Personas, los pueblos y de la Madre Tierra.
3. Ante estas de violaciones a los derechos humanos exigimos:
Frente a los daños a la salud generados por la contaminación del río Atoyac: - Que la Semarnat, Conagua, Cofeprist, Profepa, los gobiernos de Puebla y Tlaxcala y los municipios de la cuenca del Atoyac cumplan con lo establecido en la recomendación de la CNDH 10/2017. - Que el grupo interinstitucional que se ha conformado para elaborar el Programa Integral de Restauración Ecológica y de Saneamiento para la Cuenca del Alto Atoyac, encabezado por Anabell Avalos, integre la participación de la sociedad civil y la academia que ha impulsado investigaciones y propuestas durante muchos años. - Que se lleve a cabo un diagnóstico toxicológico en la región, sobre los riesgos y daños a la salud a la población por exposición a contaminantes presentes en los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes. - Que el Congreso de Tlaxcala gestione y asigne los recursos económicos necesarios para el saneamiento de la Cuenca del Alto Atoyac y la atención a la salud de la población afectada.
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Frente a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual:
- Demandamos que la evaluación del informe que el gobierno del estado entregue ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), sea público de tal forma que permita medir el impacto que las acciones realizadas tienen en el combate a la trata de personas. - A la LXII Legislatura del Estado de Tlaxcala, le demandamos que convoque a la sociedad civil, la academia, organismos autónomos de derechos humanos, expertas en la prevención, atención y sanción de la trata de personas, para que se analice la pertinencia o no de la iniciativa presentada por el gobernador. - Exigimos el cumplimiento de la Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas, así como de su Plan Sexenal. - Exigimos la implementación de una estrategia para prevenir este delito en todos los niveles educativos.
¡No hay justicia social, sin justicia ambiental!
¡Con el respeto a los derechos de todas y todos florece la dignidad!