Gobierno de México presenta la Plataforma, Receta Completa, del IMSS
CIUDAD DE MÉXICO, 11 de julio de 2018.- La planificación familiar es un derecho humano que debe ejercerse en libertad, de manera informada y sin discriminación, las autoridades deben garantizar el acceso a los servicios y métodos anticonceptivos.
En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Población –11 de julio— la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhorta a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno a reconocer la importancia de las dinámicas de población y el impacto del cambio demográfico y, en consecuencia, generar respuestas oportunas y políticas públicas de población con perspectiva de derechos humanos.
De acuerdo con datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se espera que la población universal alcance los 8,600 millones en 2030, 9,800 millones en 2050 y 11,200 millones en 2100. Conforme a cifras de 2017 difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con base en datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), México tiene una población de 123.5 millones de personas, según detalla un comunicado de la CNDH.
La dinámica demográfica impone a los Estados importantes retos para alcanzar un nivel de desarrollo que promueva un mayor bienestar social, paz, prosperidad y oportunidades económicas para todas las personas, además de proteger el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras, de acuerdo a los objetivos 1 y 10 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, convocan a poner fin a la pobreza y lograr la inclusión, respectivamente.
Conforme al Programa Nacional de Población 2014-2018 elaborado por el Consejo Nacional de Población (Conapo), México enfrenta importantes desafíos: el cambio en la estructura por edad de la población –incremento en las tasas de personas mayores- y, por consiguiente, alteraciones en el patrón de enfermedades y mortalidad, modificaciones en los patrones de movilidad, garantía en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y, la persistencia de antiguos rezagos demográficos que impactan en los contextos sociales de mayor marginación y vulnerabilidad.
La planificación familiar es un derecho humano constituye el eje temático de la conmemoración del Día Mundial de Población de este año; esta celebración fue establecida en 1989 por la Organización de las Naciones Unidas con la finalidad de centrar la atención en la urgencia e importancia de las cuestiones relativas a la población.
Acorde a los estándares internacionales, las autoridades deben garantizar que todas las personas sin distinción alguna puedan acceder a los servicios de planificación familiar, a la información y a los métodos anticonceptivos; estos deben estar disponibles en calidad y cantidad suficiente, ser accesibles y asequibles a efecto de que las personas decidan libremente sobre el número de hijos que deseen tener; salvaguardando la privacidad y confidencial de quien solicite información o acceda a esos servicios.
El acceso a una planificación familiar segura y voluntaria es un derecho humano. En ese orden de ideas, el artículo 4° constitucional establece que toda persona tiene la libertad de decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos e hijas; de igual forma, este derecho se encuentra garantizado por el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; los artículos 9 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; y, los artículos 13 y 17 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Este Organismo Nacional convoca a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a analizar los fenómenos de población y desarrollo desde un enfoque de derechos humanos, además, de proporcionar información y acceso a servicios de planificación familiar acorde a los estándares internacionales; así como a contar con información oportuna que permita orientar las políticas públicas y los programas institucionales, administrar los recursos e insumos y capacitar al personal de salud y de los sistemas educativos para hacer efectivo el derecho humano a la planificación familiar.