Rinden protesta integrantes del Comité de Conducta del TSJE

TLAXCALA, Tlax., 28 de mayo de 2021., Se trata de los magistrados Fernando Bernal Salazar y Pedro Sánchez Ortega, la juez Angélica Aragón Sánchez, la consejera Dora María García Espejel y Alfonso Ochoa Montiel

Con el objetivo de vigilar el cumplimiento del Código de Ética, los hábitos y actitudes que contribuyan a la excelencia del servicio de impartición y administración de justicia, este viernes los nuevos integrantes del Comité de Ética y Conducta del Poder Judicial de Tlaxcala, rindieron la protesta de ley ante los integrantes del pleno del tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), quienes se comprometieron a cumplir con lo previsto en el Código respectivo con estricto apego a la ley.
Se trata de los magistrados Fernando Bernal Salazar y Pedro Sánchez Ortega, la juez Angélica Aragón Sánchez, la consejera Dora María García Espejel y secretario privado de presidencia Alfonso Ochoa Montiel, quienes deberán cumplir con las obligaciones establecidas en el Código, así como vigilar que todos los trabajadores cumplan con su contenido.

Y es que el Código de Ética y Conducta es de observancia general para magistradas, magistrados, consejeras, consejeros, juezas, jueces, secretarias, secretarios y todos los servidores públicos judiciales, así como el personal que labora en las áreas administrativas del Poder Judicial, en el que se asientan los criterios y valores que deben aspirar en su conducta ética.

No solo eso, sino que este Código también prevé que el Poder Judicial deberá promover la actualización, capacitación y profesionalización continua en las materias relacionadas con sus funciones, de conformidad con la normatividad aplicable, estableciendo en sus respectivos ámbitos de competencia un mecanismo transparente y equitativo, que permita tener acceso a los cursos, pláticas, conferencias o cualquier otro evento organizado para tal efecto.

La designación de los integrantes del Comité de Ética y Conducta del Poder Judicial tiene una duración de dos años y sus opiniones son independientes de la aplicación de medidas disciplinarias ya previstas en la ley.