Ráfaga
La consulta ciudadana que el Instituto Nacional Electoral (INE) llevará a cabo el 1 de agosto es, en el fondo, una de las mayores farsas propuestas por el presidente López Obrador.
Es una farsa más escandalosa, que “la rifa del avión”, cuyos premios nunca se entregaron y el dinero fue saqueado de las arcas públicas.
Una farsa mayor a la destrucción del Aeropuerto de Texcoco (NAIM) y que la desaparición de los fideicomisos; en ambos casos por una supuesta corrupción que nunca fue probada.
Farsa más escandalosa que el fracaso en la lucha contra la pandemia; fallida estratagema que costó la vida a por lo menos medio millón de compatriotas.
Incluso es un escándalo mayor a las más de 60 mil mentiras del presidente mexicano en los primeros 32 meses de su gestión.
¿Y por qué es el mayor agravio de López a la sociedad mexicana?
Porque el presidente engaña a los ciudadanos con la verdad.
¿Engañar con la verdad?
En efecto, el mandatario utiliza el poderoso instrumento de la consulta directa a los ciudadanos –que por décadas fue un reclamo general y que nunca se ha utilizado a nivel federal–, para engañar a los propios consultados.
¿Y por qué los engaña?
Porque legalmente la consulta no servirá para enjuiciar a expresidentes.
En realidad se trata de un “ardid engañabobos” que busca sembrar en la conciencia colectiva la percepción de que López gobierna a partir de los deseos del pueblo; más allá de las leyes y de la Constitución.
Pero también es cierto que AMLO engaña sólo a quienes se dejan engañar; aquellos que cierre los ojos a la realidad y al sentido común.
Y es que la respuesta al inmoral engaño de Obrador aparece en la propia pregunta que formuló la Suprema Corte para la consulta.
Como muchos saben, los ciudadanos que acudirán a votar el domingo 1 de agosto próximo, leerán el siguiente galimatías en la boleta.
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados, por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
¿Entendieron el bodrio?
Vamos a la anatomía de la pregunta.
1.- ¿Cuáles son las acciones pertinentes a las que hace referencia la primera parte de la pregunta?
¿Dónde habla la Constitución de “acciones pertinentes”?
¿Es una “acción pertinente” la aplicación de la justicia?
¿Quiere decir lo anterior que la aplicación de la ley se debe llevar a cabo a partir de una consulta popular?
2.- ¿Cual es el “apego al marco constitucional y legal”, al que se refiere la pregunta?
Lo anterior es un soberano desatino, si no es que un monumento a la estupidez, ya que en México el “marco legal y constitucional” no supone aplicar la ley a partir de una consulta popular.
3.- ¿Qué significa “un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas”?
¿Cuáles decisiones políticas?
¿Quién determinará si se “esclarecerá” la decisión política de crear el IFE, de cambiarlo por INE o si se esclarecerá la decisión ilegal de tirar el NAIM o de extinguir los fideicomisos que tiró López?
4.- ¿Qué debemos entender los ciudadanos cuando se habla de “decisiones políticas tomadas en los años pasados?
¿Serán las decisiones de los presidentes de los últimos dos siglos, o serán las decisiones del presidente Obrador en los dos últimos años?
5.- ¿A cuáles “actores políticos” se refiere la pregunta?
Está claro que nunca habla de expresidentes, tampoco de ex secretarios de Estado, menos de gobernadores, legisladores o ciudadanos en particular.
¿Quién, con qué autoridad o en calidad de qué, decidirá cuáles son los “actores políticos” cuyas decisiones políticas serán sujetas a un “proceso de esclarecimiento?
¿Será que los 30 millones de mexicanos que votaron por AMLO podrían ser sujetos a tal “proceso de esclarecimiento” por la decisión política de votar por el peor presidente de los mexicanos?
6.- Si AMLO, su partido, sus aplaudidores y su claque insisten en llevar a juicio a los expresidentes, ¿están tomando en cuenta al ex “presidente legítimo” López Obrador?
7.- ¿Cómo será posible “garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”?
Aquí asistimos a otro monumento a la estupidez por parte de los ministros de la Suprema Corte.
¿Por qué?
Porque la última parte de la pregunta es la negación del galimatías completo.
Es decir, se pretende investigar a quién sabe qué actores políticos, por quién sabe qué decisiones políticas, que habrían afectado quién sabe qué derechos, de quien sabe qué víctimas.
¡De risa loca!
Y sólo resta una pregunta.
¿Es cierto, o no, que la aplicación de la ley “sí y solo sí” se lleva a cabo a partir de comisión de un delito?
En el caso que nos ocupa –el de la consulta ciudadana y la “pregunta chabacana” –, nadie sabe quién cometió un delito, tampoco se sabe cuál es el delito, y menos sabemos a quién afecta o afectó la comisión de los delitos imaginarios
Por eso obliga volver a preguntar: ¿Es o no una consulta mentirosa que engaña a los ciudadanos?
Pero también es cierto, como ya se dijo aquí en distintos momentos, que luego de la mentirosa consulta conoceremos, de manera puntual, el número de mexicanos idiotas.
Al tiempo.