Educación, urgencia en la transición

En marzo de 2020, ante la amenaza inminente de la pandemia, como sucede a menudo durante una aguda partida de ajedrez, en Michoacán se acertó al entablar una defensa muy adecuada: cerrar las escuelas cuanto antes. Igualmente, se establecieron una serie de medidas que fueron prudentes y reconocidas nacionalmente por haberse tomado anticipadamente al resto de las entidades federativas. El mérito lo llevó principalmente el poder ejecutivo estatal, quien ejerció al límite sus atribuciones constitucionales, ganándose amparos en contra, pero el reconocimiento de la ciudadanía. Sin embargo, no se sostuvo el mismo nivel de juego durante estos dieciséis meses. Hubo equivocaciones graves que costaron cientos de vidas humanas y el detrimento de los derechos humanos de millones de michoacanos. Un ejemplo es haber permitido que se reabrieran los antros, bares y cantinas; que los centros de vicio tuvieran prioridad sobre las escuelas, sobre los centros culturales y deportivos. Se cometió un inmenso error. Un enfoque que debió ser considerado al diseñar la política pública de reapertura es el de restitución de derechos humanos. Uno de los que más ha sido lacerado es el derecho a la educación, que es la sumatoria de los derechos a estar, a participar, a convivir y a aprender en la escuela, entre otros. Si se hubiera priorizado la reparación de las vías de ejercicio del derecho a la educación, seguramente se hubiera subordinado la compraventa de alcohol a la disciplina social que se requiere para controlar la transmisión de la pandemia en aras de poder reabrir las escuelas. Esto no ha sucedido a la fecha. El ya muy rezagado estado de Michoacán en materia educativa se encuentra completamente alejado de contar con condiciones para la pronta reapertura y requiere se tomen cartas en el asunto. 

Al respecto, se redobla la amenaza sobre el derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Michoacán con la inminente tercera ola de contagios por el COVID-19. Si bien, las cifras oficiales aún no son alarmantes, una posible cifra negra y la visible desobediencia de los mandatos de las autoridades sanitarias, por parte de la ciudadanía y la tímida reacción del poder ejecutivo municipal, quien debería de imponer orden para evitar la violación de los reglamentos, pero en realidad están dejando pasar en prácticamente todas las situaciones en la entidad federativa.  

Existe un protocolo para prevenir contagios durante el regreso, emitido el pasado 9 de junio por la autoridad educativa local, el cual abona a tener certidumbre respecto a los pasos secuenciales en torno al regreso a clases. También, toma en cuenta adecuadamente las medidas en materia sanitaria para disminuir el riesgo de infectarse en el entorno de la pandemia que padecemos actualmente y eso es importante.  

Pero, previamente faltaba contar con un esquema mucho más efectivo en materia de vacunación, que cada vez resulta más incierta y lejana la certidumbre que pueda llegar a completar antes del arranque propuesto para el ciclo escolar 2021-2022, que tendrá verificativo el próximo 30 de agosto. Lo anterior, no solamente por la lentitud de los avances, sino por la eficacia de las vacunas empleadas, la cual se cuestiona ampliamente, dado que continúan falleciendo personas que tenían su esquema completo de vacunación contra el COVID-19, mientras que cada vez más suscita polémica el fármaco de la marca CanSino, que justamente fue el que se empleó para proteger a los trabajadores de la educación en el estado de Michoacán, pero que aún no goza de aprobación cabal de la Organización Mundial de la Salud, hecho que ha sido recientemente confirmado por la titular de la Secretaría de Salud en la entidad federativa. 

Y, sobre todo, es necesaria la presupuestación para garantizar que los estudiantes y maestros, así como sus familias que se encuentran en condiciones de marginación cuenten con los consumibles, material, infraestructura y equipamiento, así como servicios básicos que permitan proteger debidamente su salud.  Especialmente, preocupa este factor, toda vez que se sabe se encuentra el sistema educativo michoacano prácticamente en situación de quiebra. Ya el poder ejecutivo estatal intenta hacer maniobras de venta de activos como terrenos y bienes inmuebles. Por lo anterior, se visualiza lejana la posibilidad de que sea el gobierno estatal quien solvente los gastos derivados del regreso progresivo a clases presenciales.  

Un factor adicional es el de la gobernanza del regreso a la presencialidad, dado que se deben de organizar los Comités de Salud Escolar, así como retomar los Consejos Escolares de Participación en la Educación, para que el regreso a clases sea voluntario y consensuado a la vez, basándose en la opinión participativa y en un diagnóstico profuso de las condiciones de los actores clave de la comunidad escolar. 

Entonces, al no estar seguros de contar con todas las condiciones, el protocolo mencionado corre el riesgo de convertirse en letra muerta, dado que se encuentra el proceso de transición gubernamental en marcha, periodo en el cual se ralentiza el ejercicio del gasto, la toma de decisiones y la ejecución de instrucciones, dificultando aún más la ya muy tortuosa marcha de las políticas públicas en materia educativa en la entidad.  

Además del efecto de la pandemia, los de la corrupción, la omisión y la parálisis en el poder ejecutivo estatal se notan cada vez más y lastran el ya muy menoscabado derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Michoacán. Cada vez se nota más la urgencia de que el proceso de entrega-recepción se inicie formalmente, dado que continúan sucediendo fenómenos indeseables en torno al sistema educativo michoacano. Como ejemplo, el retraso de cinco días en el pago de las percepciones a más de 33 mil trabajadores de la educación con modalidad de sostenimiento estatal causó indignación unánime entre las diversas fracciones sindicales, ya que se manifestaron al respecto tanto la representación oficial, la Sección 18 del SNTE, como la disidencia encunada en su interior, representada por el color rojo de Poder de Base, quienes tienen la mayoría visible, así como por el color azul, quienes nacieron durante la actual administración pública estatal y mantienen afinidad con la burocracia aún en funciones.  

Eso fue tomado como un aviso del ejercicio del gasto adelantado que se realizó durante 2021. Llovieron las acusaciones de haberse ejercido el presupuesto anticipadamente por razones político-electorales, lo cual, si bien solo es un rumor no confirmado, también constituye una necesidad imperiosa de aclaración por parte de los funcionarios, quienes deben de rendir cuentas de por qué razones se dio el retraso en el pago y, sancionar en su caso a los responsables. 

Paralelamente, cundieron las irregularidades en el proceso de ingreso a las escuelas normales públicas michoacanas, el cual es un proceso fallido que data de décadas, pero que, con la vigilancia y la transparencia que obligan los medios electrónicos difícilmente escapa a los ojos de los observadores es el de ingreso a las escuelas normales públicas michoacanas. 

Estos espacios en las escuelas normales se han vuelto muy cotizados en el mercado negro, toda vez que prácticamente garantizan el ingreso al servicio profesionalmente, es decir, a tener un trabajo vitalicio, lo cual es muy valorado en tiempos de crisis económica, desempleo y pandemia. 

Ha habido momentos en los cuales se ha desatado el escándalo mayormente, otros, en donde no se han hecho acciones tan descaradas en el tráfico de espacios en las escuelas normales. Sin embargo, en estos últimos años las redes de corrupción han descarado más que nunca sus modos de operación. 

En años pasados han realizado denuncias, ha habido protestas, se han elaborado propuestas de política pública, pero no existe la voluntad gubernamental requerida para ponerlas en práctica. El costo de la inacción no supera al de dejar pasar la corrupción. 

Por el cúmulo de irregularidades acumuladas, este año de nueva cuenta las víctimas e inconformes se han organizado y han hecho marchas, transmisiones en vivo, comunicados y la toma simbólica de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal.  Se reseñaron una serie de actos de corrupción, cuestiones dudosas y absurdas que requieren explicación pública, como son las siguientes: 

1. Personas que salieron pronto del examen, así como quienes realizaron idas al baño, antes y durante la aplicación, pero que, al resolver sus necesidades fisiológicas regresaron sumamente inspirados a responder la evaluación. 

1. Puntuaciones extremadamente parecidas entre quienes lograron quedarse, desobedeciendo un comportamiento estadísticamente normal. 

1. Capturas de pantalla y llamadas recibidas de ofertas de claves y lugares en los celulares de aspirantes. 

1. Impartición de “cursos de preparación” por parte de personal académico de las normales dentro de las propias instalaciones, como fue en el caso de la Escuela Normal Superior de Michoacán.  

1. Listas de aceptados que se difundieron, desaparecieron y volvieron a subirse. 

1. A algunos estudiantes se les revisó minuciosamente y a otros solo se les dijo “pásele, joven”. 

1. Se rumoraron pagos de entre 20 y 70 mil pesos por los lugares directos, por claves o por guías de estudio 

1. Aspirantes que fueron ubicados con “papelitos” en la mano. 

1. Resultados extraordinarios y atípicos, de aspirantes de sobrada excelencia académica que podrían tener mayor éxito tramitando una beca en Oxford o Harvard, o por los tiempos alcanzados en los exámenes físicos un apoyo deportivo de excelencia en North Carolina, Georgetown u otras por el estilo.  

1. Hermanos que lograron ser más idénticos que si fueran gemelos univitelinos en los resultados en diferentes materias, así como en el examen físico, donde sacaban exactamente los mismos puntajes parciales.  

1. Se irrespetó la convocatoria, toda vez que se decía que solamente vendrían tres materias en el examen: habilidad verbal, matemáticas y razonamiento abstracto, pero incorporaron materias como filosofía, historia universal contemporánea, química, biología y otras más. 

Es un hecho que, mientras el ingreso a las escuelas normales públicas michoacanas siga colonizado, capturado, monetarizado y corrompido por las redes de corrupción imperantes entre la burocracia, los trabajadores administrativos, los grupos fácticos pululantes en el normalismo seguirá habiendo grandes afectados: los aspirantes que resultan decepcionados y defraudados, así como sus familias, los que logran ingresar y se convierten en parte de la simulación, los funcionarios que deshonran las responsabilidades que están obligados a cumplir y hacer cumplir, pero sobre todo, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes michoacanos de al menos los próximos cuarenta años, quienes recibirán clases impartidas por personas sin vocación, carácter, ética ni intenciones de formar integralmente a las generaciones jóvenes para que vuelvan realidad sus sueños y legítimas aspiraciones. 

Exijamos a las autoridades una explicación pública y detallada de las inconsistencias a la vez que, en caso de que así se amerite, una solución justa y apegada a la normatividad. Y al gobierno prácticamente electo, a que tome nota de la situación en materia de la pandemia, de las irregularidades financieras y del proceso de ingreso a las escuelas normales para que revise puntualmente lo acontecido y ponga orden desde ahora. La educación debe ser una urgencia prioritaria en la transición. 

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