¿Las mujeres de Morena son corruptas?

Durante años se creyó que la llegada de las mujeres a los espacios de poder representaría una forma distinta de hacer política, más alejada de los abusos y la corrupción que históricamente se atribuían a los hombres. Sin embargo, la realidad ha demostrado que el género no es garantía de honestidad y que las mujeres también pueden reproducir las mismas prácticas que tanto criticaron.

En Morena hay ejemplos recientes que han generado controversia y que vale la pena poner sobre la mesa: desde declaraciones patrimoniales que despiertan interrogantes hasta denuncias por presuntos desvíos millonarios y gastos públicos que contrastan con el discurso de austeridad.

El ejemplo más reciente es el caso de Guadalupe Taddei, presidenta del INE, quien, aunque Morena niegue tener vínculos con ella, fue respaldada por Andrés Manuel López Obrador. Su declaración patrimonial reportó ingresos netos anuales por 3 millones 218 mil 693 pesos, pero no aparecen bienes inmuebles ni vehículos, mientras que diversos apartados sobre su patrimonio, cuentas bancarias y domicilio permanecen reservados.

¿Qué puede conocer realmente la ciudadanía sobre el patrimonio de quien encabeza una institución electoral? La transparencia no debería ser selectiva ni depender de la conveniencia de quien ocupa el cargo.

En Tlaxcala comienza a generar sospechas la declaración patrimonial de Ana Lilia Rivera, coordinadora en Defensa de la Democracia de la Cuarta Transformación para contender por la gubernatura de Tlaxcala quien ha reportado un patrimonio de aproximadamente 1.9 millones de pesos, incluida una casa, y tampoco aparecen vehículos en la información patrimonial más reciente que se ha difundido.

Sin embargo, en declaraciones anteriores sí registró camionetas, entre ellas una Toyota Highlander Limited modelo 2020, valuada en 920 mil pesos. La diferencia entre ejercicios merece una explicación pública. Si pretende gobernar Tlaxcala, tendrá que entender que su patrimonio también forma parte del escrutinio ciudadano.

Y mientras algunas buscan llegar al gobierno estatal, otras ya ejercen el poder y también tienen que responder por sus decisiones. Es el caso de Lorena Cuéllar, cuya administración adquirió diez camionetas blindadas mediante adjudicación directa por 56 millones 259 mil pesos.

Un gasto que contrasta con el discurso de austeridad y que abrió cuestionamientos sobre el procedimiento de compra, el costo y el uso de las unidades. La protección de una gobernante puede ser necesaria, pero eso no elimina la obligación de justificar cómo se gasta el dinero de los contribuyentes.

La pregunta no es si las mujeres son más o menos corruptas que los hombres. La pregunta es por qué se tendría que otorgar un trato distinto a quienes llegaron al poder bajo la bandera de la igualdad y la transformación. No basta con ser mujer, proclamarse defensora de las causas femeninas o pertenecer a un movimiento que prometió acabar con los privilegios. Los cargos públicos no son premios ni patrimonio personal.

Así que no, el género no absuelve a nadie. Si una funcionaria tiene inconsistencias patrimoniales, debe explicarlas; si existen denuncias, deben investigarse, y si se utilizan recursos públicos, deben justificarse. Porque la corrupción no tiene género, partido ni ideología. Y ninguna mujer que aspire a gobernar puede pedir confianza ciudadana mientras evita responder preguntas sobre su patrimonio y el ejercicio del poder.

Lorenistas y riveristas: la división ya es evidente. Los incondicionales de Morena no les importa demostrar que el nombre de Ana Lilia Rivera no se menciona ni de broma por el círculo cercano a la mandataria, tan solo hay que observar un reciente video en el que se nota a Jaina Daniela Flores Meneses, Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, incómoda y callada mientras el secretario de Formación Política de ese partido, Adalberto Solís, junto a representantes afines a Ana Lilia Rivera Rivera, lanzaban porras a la coordinadora estatal. No la reconocen ni la reconocerán por lo que se ve.